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Coronavirus Tarifa ultima una app para controlar sus playas

  • La aplicación que pondrá en marcha el Ayuntamiento informará del grado de ocupación de las playas y aparcamientos

  • Se basará en el control personal o por incluso medio de drones

Dos personas en la playa de Los Lances Dos personas en la playa de Los Lances

Dos personas en la playa de Los Lances / Erasmo Fenoy (Tarifa)

Si la pandemia de coronavirus ha digitalizado a la fuerza el mundo laboral, parece que la transformación tecnológica ha llegado también a las playas. La obligación de controlar el aforo de la costa para facilitar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social está llevando a algunos ayuntamientos a buscar soluciones TIC para sus arenales. Ese es el caso de Tarifa, que está ultimando una aplicación que le permitirá controlar la llegada de gente a la costa, el uso de los aparcamientos e informar de ella en tiempo real para que los bañistas sepan cuando una playa ha superado su capacidad máxima.

Para Tarifa la regulación de sus más de 20 kilómetros de playas supone un gran reto. Arenales inmensos con múltiples accesos, en una zona muy turística y en pleno parque natural, lo que también limita las actuaciones que se pueden ejecutar en la playa e impide, por ejemplo, acotar espacios con pilotes como se ha planteado en otras zonas. Por ello, el Ayuntamiento tarifeño está apostando por otro tipo de control del aforo sin delimitación física, calculando el número de personas que podrían utilizar cada playa al mismo tiempo cumpliendo con las normas de distanciamiento obligadas por la crisis del coronavirus: con dos metros de distanciamiento se calcula el espacio que necesita cada grupo y pasillos que permitan el acceso a la zona de costa de todos los bañistas manteniendo esa distancia de seguridad. Aunque todavía no hay un protocolo cerrado sobre la actuación en las playas, algo en lo que la Junta de Andalucía está trabajando con los 61 ayuntamientos costeros.

El trabajo de recuento correrá a cargo de los vigilantes de los aparcamientos y de los encargados de socorrismo y vigilancia en las playas, con la supervisión de la Policía Local. No se descarta el uso de drones, uno de los dispositivos que también se está estudiando utilizar en otros ayuntamientos. Con el cálculo del aforo se irá actualizando la aplicación que mostrará en un sistema semafórico -verde, ámbar y rojo- si en una zona hay o no espacio con la intención, explica el concejal de Playas, Francisco Araujo, “de que antes de desplazarse el bañista sepa si la zona a la que quiere ir tiene o no espacio disponible”.

También se prevé la reserva de un espacio para personas mayores o personas con discapacidad, para que puedan disfrutar de la playa. Incluso se están estudiando los horarios en los que se mueve cada grupo de usuarios de la costa para tenerlos en cuenta.

La gran pregunta es, ¿cómo se podrá limitar el acceso efectivo a esos 22 kilómetros de playa? “Todavía está en la fase de estudio si jurídicamente se pueden establecer una prohibición y sanción al respecto”, explica Araujo. Buena parte del éxito del distanciamiento social en las playas recaerá “en los ciudadanos, que tendrán que ser conscientes de que todavía seguimos en una pandemia, el virus sigue ahí”.

El Ayuntamiento de Tarifa prevé tener lista la aplicación en cuestión de días e iniciar una fuerte campaña de información a los vecinos que se extenderá después también a los turistas. Mientras tanto, quedará a la espera como los restantes ayuntamientos costeros de conocer qué cantidad de los 5 millones de euros comprometidos por la Junta de Andalucía le corresponden.

Un policía abre el acceso a Los Lances Un policía abre el acceso a Los Lances

Un policía abre el acceso a Los Lances / Erasmo Fenoy (Tarifa)

Un mes para el plan de contingencia

Los municipios de la Costa tienen que abordar a contrarreloj un trabajo de planificación y regulación de sus playas, con la elaboración por parte de los  ayuntamientos de planes de contingencia individualizados frente a la Covid-19, en los que se establecerán las medidas necesarias que permitan garantizar el uso seguro de las playas. Estos tendrán que ser remitidos al órgano directivo competente en materia de protección civil en el plazo máximo de un mes y serán de aplicación mientras dure la situación de alerta sanitaria.

En los mismos, se expondrán las medidas que han adoptado, como medidas de autoprotección; carteles informativos, señalización y control de aforo; dotación extraordinaria del equipo de salvamento; medidas de refuerzo de limpieza, o vigilancia. Los ayuntamientos están a la espera de que se concrete más el marco normativo, pero entre las pautas ya conocidas están -además del distanciamiento de los distintos grupos de personas- el cierre de duchas y lavapiés y la limpieza constante de los equipamientos comunes como los baños. Este verano, advertía hace unos días la Junta, no se podrá jugar a las paletas o deportes grupales en las playas. La Administración autonómica subvencionará con 5 millones de euros la inversión municipal en estas medidas.

Por otro lado, más a largo plazo, los consistorios tendrán que clasificar sus playas en tres categorías: libres (aptas), peligrosas (se puede acceder con limitaciones) o de uso prohibido, así como determinar de sus grados de protección (bajo, moderado o alto). El grado de protección lo determina cada ayuntamiento y se establece en función de criterios como la afluencia de visitantes, el histórico de incidencias, si tiene actividades deportivas o si existe balizamiento en las zonas de baño.

En la normativa aprobada esta misma semana se regula también la elaboración por parte de los ayuntamientos de los planes de seguridad y salvamento de las playas y se establecen las medidas de prevención de las diferentes situaciones derivadas de emergencias producidas en las playas, tanto de carácter ordinario como extraordinario, entre las que se incluyen las derivadas de los riesgos sanitarios o biológicos, en el marco de la protección civil, y las medidas de coordinación operativa aplicables a tales situaciones.

Para las playas clasificadas como peligrosas y libres que presenten un grado de protección moderado o alto tendrán que redactar planes de seguridad y salvamento, que deberán iniciar el trámite para la homologación por la Comisión de Protección Civil de Andalucía en el plazo máximo de un año a partir del día siguiente a la entrada en vigor del decreto ley.

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