La semana pasada volví a presenciar el tremendo desgarro que supone un lanzamiento (la ejecución forzosa de una resolución judicial que priva a una persona de la posesión de un inmueble). El desahucio de una madre con sus tres hijas de la casa que ocupaban cuyo propietario es un gestor de activos inmobiliarios.

Vivimos una situación de crisis sanitaria, social y económica con miles de familias en la calle y 3,4 millones de casas desocupadas. Pero las administraciones públicas, en vez de dar respuesta a la situación de emergencia habitacional y detener la sangría de desalojos, amparan y protegen los intereses de las entidades financieras.

En el primer trimestre de 2020, los juzgados españoles ejecutaron 9.659 desahucios. 2.390 por impago de hipoteca, 6.892 por impago de alquiler y 377 por otras causas. Sin hablar de las causas penales por usurpación. La inmensa mayoría de las familias fueron a la calle en vísperas del estado de alarma y el confinamiento.

La situación empeorará porque desde el pasado 4 de junio se han reactivado los procedimientos judiciales suspendidos en marzo. Las medidas aprobadas por el Gobierno sólo prohíben desahucios de alquiler de familias que han caído en vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia, pero nada dice de las que ya eran vulnerables antes.

Los precios del alquiler han aumentado un 50% en los últimos cinco años, tras la entrada de sociedades de inversión privadas, los llamados fondos buitres. El índice de asequibilidad de la vivienda de alquiler privada en España es uno de los más bajos de la OCDE, y el pago del alquiler representa una carga excesiva para más del 38% de los inquilinos. Además, la oferta de viviendas sociales de bajo costo es casi inexistente, a pesar del consenso existente sobre su necesidad.

La mayoría de desahucios se realizan por los bancos para los fondos buitres con carteras hipotecarias morosas derivadas de operaciones como la compra del ladrillo del Banco Popular al Santander por Blakstone, o la del BBVA por Cerberus. Ya en 2017 los Bancos ganaron más de 50.000 millones de euros con la venta de carteras hipotecarias morosas.

La situación hipotecaria que viven miles de familias y la sobreprotección jurídica de las entidades financieras en nuestro país es única en el mundo. No visibilizamos la magnitud ni a las dimensiones de la tragedia que estamos viviendo.

Es inadmisible e intolerable que en un estado social y democrático de derecho se produzcan centenares de miles de desalojos a la vez que existen millones de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social.