Durante el confinamiento, los CIEs del Estado Español han estado vacíos y cerrados. La desaparición de los internamientos por la pandemia no ha provocado el caos en la convivencia social. De esta situación deberían haber aprendido España y la Unión Europea. Pero, no, este pasado mes de enero volvió a abrir el CIE de Algeciras.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros son un instrumento de la política migratoria común suscrita en el acuerdo de Schengen de 1985. Como consecuencia de este acuerdo se dicta la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. Su artículo 26.2 establece la "posibilidad de acordar judicialmente, con carácter preventivo o cautelar, el ingreso en centros que no tengan carácter penitenciario de extranjeros incursos en determinadas causas de expulsión mientras se sustancia el expediente".

En Algeciras la antigua Prisión de la Piñera, que dejó de usarse en el año 2000, comenzó a funcionar como CIE en el año 2003. Sin embargo, el CIE de Algeciras no se crea legalmente hasta tres años después por Orden PRE 3483/2006.

A pesar que las leyes establecen que estos centros no tendrán carácter penitenciario, en el caso de Algeciras es indudable, dado que sus instalaciones son una prisión.

Todos los informes presentados sobre el CIE de Algeciras, entre ellos los del Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y las ONGs, aluden de forma reiterada a la impronta carcelaria de este centro, incluso el Fiscal de Extranjería de Algeciras ha declarado que "las instalaciones son horripilantes".

Debido a las malas condiciones del CIE de la Piñera, se ha previsto construir un nuevo CIE en Botafuegos junto a la prisión. Y la justificación más peregrina que he escuchado es que creará puestos de trabajo. Una gran falacia porque con políticas sociales adecuadas se crearían más puestos de trabajo y no se dilapidarían más de 20 millones de euros.

En los CIE se priva de libertad a personas que simplemente han cometido una infracción administrativa, y para los que este tipo de encarcelamiento resulta desproporcionado. Además, hay métodos más baratos y eficaces para controlar a estas personas migrantes.

Tratar de culpabilizar y perseguir a los inmigrantes es una mala política, más cuando la inmensa mayoría viene a buscar un futuro mejor para ellos y sus familias. Es necesario dejar de criminalizar a los migrantes y de encerrarlos en los CIEs. Estos centros solo causan sufrimiento y dolor. Y no olvidemos que ya existen alternativas al internamiento contempladas en la Ley de Extranjería.