V AMOS ya un poquito sobrados de mentiras y manipulación respecto a la actualidad de la escuela española. De parte de nuestros representantes políticos, enfrascados en sus guerras partidistas, para quienes este parece ser un tema más de confrontación y de sumar adeptos ideológicos, que de preocupación por la herramienta que puede cambiar el futuro del país (o lo que sea España). Y de los voceros de sectores sindicales, profesionales y periodísticos que siguen sus consignas y apabullan a la ciudadanía con radicales proclamas estereotipadas.

De leyes de educación vamos también pasados de rosca. Perdimos la cuenta, lo que muestra el fracaso de la secuencia. La última, la de nuestra egregia ministra de Educación y Formación Profesional de España, alcanza tintes de astracanada ya en su nombre: Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica Educativa. No me digan que no es para comérselo. El nombre.

Esta ley incluye aspectos positivos y otros que lo son menos (una norma que liquida la Ética en 4º de ESO da que pensar). Pero en la eterna representación tragicómica que los ocupantes de escaños en el Parlamento hacen de la cosa educativa, sobre el cadáver de su necesaria excelencia y eficiencia, parecen no caber los grises. Todo es blanco o negro, radical, polarizado.

Ahora siguen a la gresca sobre lo chocante de que se imparta religión si vivimos en un Estado aconfesional, pero ahí está el Concordato de 1979, así que es lo que hay; acerca de si el castellano figura como lengua vehicular o no, y resulta que eso consta en la Constitución y hace años que se incumple; sobre los privilegios de la concertada, cuando en realidad reporta un enorme ahorro a las cuentas públicas y garantiza libertades; acerca de si la nueva ley va a acabar con los centros específicos de educación especial, lo que no pone en su articulado. Poco más que eslóganes partidistas para crispar a quienes solo siguen la verdad revelada de las redes sociales de su propia tribu.

Estamos en el territorio del desencuentro, de la imposibilidad del consenso "porque no", pues crispar reporta más réditos que acordar. Aprueban una ley contra media España, justito igual que hicieron los anteriores con la de Wert, quienes velan armas para propiciar otro cambio tan pronto se presente la oportunidad. ¿Para qué asomarse al siglo XIX español, cuando cada bando (moderado o progresista) imponía "su" constitución al otro al acceder al poder mediante pronunciamientos del espadón de turno? ¿Para qué aprender de los errores del pasado? Poco importa, al cabo, ya que ahora puedes llegar a la universidad sin saber una línea de la historia de España cuando hagas 2º de bachillerato. No habrá problema. La Ley Celaá lo permite. Total, qué más da, ¿o alguien aprende de nuestro pasado para sacar conclusiones y hacer las cosas mejor?