En nuestro país la Justicia, al igual que la Sanidad y la Educación, no funcionará bien hasta que este dotada de las inversiones y los medios humanos y materiales necesarios para poder ser eficiente. La crisis de la COVID-19 ha hecho saltar las alarmas.

En 2019, según el Consejo General del Poder Judicial, había 2,8 millones de juicios pendientes, cifra que este año podría elevarse por la pandemia a cuatro millones. Aunque, más del 70% son procedimientos que podrían ventilarse online, sobre todo, aquellos donde la única prueba es documental, como ocurre en el 80% de los juicios por cláusula suelo.

Esta crisis ha evidenciado la lentitud de la Justicia. Porque todos tenemos derecho a una tramitación ágil de los asuntos que nos afectan. Pero, cómo se pueden agilizar cuatro millones de asuntos judiciales pendientes para este año.

Los tribunales de Justicia tardaran años en superar este retraso mientras no se tomen las medidas adecuadas. El panorama es desolador, y pocos confían en el plan diseñado por el Ministerio hasta que no haya inversiones, reformas y la organización necesaria.

No les corresponde a los abogados arbitrar soluciones para este complejo problema, pero son imprescindibles para reactivar la actividad judicial. Sin embargo, en la nueva normalidad, nos encontramos restricciones. En los juzgados solo se permite el acceso a usuarios y profesionales con cita previa, estableciéndose como sistema de consulta la vía telefónica y los correos habilitados expresamente en cada órgano.

Sin embargo, ni se han habilitado direcciones de correo electrónico en todos los órganos judiciales ni se responde a las llamadas telefónicas con la presteza que el sistema requiere, tampoco se facilita la información por estos medios por las obligaciones existentes en materia de protección de datos. Esto impide el normal ejercicio de la función de los abogados y también limita el Derecho de Defensa.

Los Abogados no son en sentido estricto "público", ni "usuarios" del servicio de la Administración de Justicia. Los Abogados, junto con el Ministerio Fiscal y otros profesionales, son personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia.

De la misma manera que ninguno de los sujetos partícipes indiscutibles de la Administración de Justicia -Jueces, Fiscales, Letrados, funcionarios, médicos, forenses, policías-, tienen limitado el acceso a las sedes judiciales, tampoco deberían tenerla los abogados, por razones obvias. Empecemos por corregir este problema, es bien sencillo.