El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró ilegal la construcción del parking Escalinata en el año 2004. En 2006, el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia. Pero pese a ello, el aparcamiento ha seguido funcionando hasta ahora, años después de que el TSJA dictaminase el derribo de la edificación.

Así lo recuerdan en un escrito al tribunal los propietarios del edificio Escalinata de Murillo, que se vieron obligados a abandonar sus inmuebles por los daños causados durante las obras del parking. En él reclaman a la sala de lo Contencioso-Administrativo que exija el cierre inmediato del aparcamiento y que fije un plazo máximo de seis meses para la ejecución de la demolición.

En el escrito presentado hace unos días y al que ha tenido acceso Europa Sur, los propietarios apuntan a la sala que el Ayuntamiento de Algeciras no ha ejecutado ninguna actuación para el cierre del parking pese haber sido declarado ilegal hace más de 15 años. Pero además, “el concesionario no abona al Ayuntamiento el canon de la concesión del dominio público que disfruta para su lucro con el edificio de aparcamientos”, sin que tampoco el Consistorio haya obligado a la concesionaria a interrumpir la actividad por ese impago.

Según un informe emitido por el tesorero municipal, a junio de 2019, Nautagest, la empresa concesionaria, adeudaba al Ayuntamiento casi 620.000 euros en mensualidades del canon desde el año 2012, el Impuesto de Bienes Inmuebles desde 2017, recibos de basura y residuos y entrada de vehículos de 2017 y 2018 e incluso un Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y una tasa por licencias de 2009.

Pero los propietarios recuerdan que la deuda es aún mayor, ya que el Ayuntamiento y Nautagest fueron condenados de forma solidaria al pago de las indemnizaciones a los propietarios, “sin que conste que el Ayuntamiento, en claro perjuicio del interés general, haya reclamado nada al corresponsable”. El Consistorio alcanzó un acuerdo con los propietarios para el pago de 1,3 millones de euros. El acuerdo fue homologado judicialmente, pero el juez advirtió entonces al Ayuntamiento que eso no le daba derecho a exigir a Nautagest la mitad de lo acordado por él con los vecinos. Tendrá que pedirlo judicialmente.

El cierre del parking y el cese inmediato de la actividad sería necesario además, remarcan, para que se vayan desalojando los coches existentes para poder ejecutar el derribo. El Ayuntamiento adjudicó en noviembre a la UTE VS (Vising Innovia 2016 y V. S. Servicios y Urbanismo) por 54.326,13 euros (IVA incluido) la redacción del proyecto y dirección de obras de la demolición. El adjudicatario tiene tres meses para realizar ese trabajo. Y los propietarios reivindican al TSJA que dé un plazo máximo para ejecutar el derribo: seis meses a contar desde la notificación de la resolución correspondiente.

Los propietarios denuncian que el concesionario del aparcamiento no está abonando el canon, pero el Ayuntamiento le ha permitido seguir con ella

Cuando el Supremo ratificó la ilegalidad del edificio en 2006, la comunidad del vecino edificio Atlántida y los propietarios del Escalinata solicitaron la demolición. Y desde entonces el Ayuntamiento de Algeciras (primero con el PSOE y después con el PP) ha estado intentando evitarla, fundamentalmente por su coste. En primer lugar, presentando un plan de movilidad para regular la rasante de los aparcamientos que fue anulado por el Supremo en 2014. Después presentó un incidente de imposibilidad de ejecución de la sentencia y propuso una demolición parcial, pero esto también fue rechazado por el TSJA. Corría ya el mes de noviembre de 2016.

Desde entonces, el Alto Tribunal andaluz ha venido reclamando al Ayuntamiento que ejecute esa sentencia pendiente. Solicitó un calendario de actuaciones, pidió que se identificase a los responsables de la ejecución de la sentencia y ha preguntado en varias ocasiones por la marcha de los trabajos. A finales de 2017, el Consistorio comunicaba al juzgado que carecía de medios técnicos para la redacción del proyecto, por lo que encargaría el trabajo a una empresa especializada. Todavía intentó eludir el derribo mediante el acuerdo con los propietarios: incluyó una cláusula por la que estos solicitarían al juzgado que se suspendiera la ejecución de la demolición. Tampoco resultó.

Finalmente, en agosto de 2018 se convocó el concurso para la redacción del proyecto del Escalinata, pero la adjudicación quedó aplazada. Hasta el pasado noviembre.