El derribo del parking Escalinata, declarado ilegal en 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, parece dar un paso adelante. El Ayuntamiento de Algeciras acaba de finalizar el procedimiento de contratación para la redacción del proyecto y dirección de obras de una demolición pendiente desde el año 2006, cuando se solicitó por primera vez. Hace unos días una resolución de alcaldía adjudicaba el contrato a la UTE VS (Vising Innovia 2016 y V. S. Servicios y Urbanismo) por 54.326,13 euros (IVA incluido).

Por ese importe la adjudicataria tendrá que elaborar un estudio de la estructura actual y su relación con las edificaciones y servicios existentes, redactar el proyecto de demolición, elaborar los estudios de seguridad y salud y de gestión de residuos, coordinar la seguridad y salud durante el derribo y ejecutar la dirección facultativa de la obra de demolición. Tiene un plazo de tres meses para la redacción del proyecto desde que se comunique la adjudicación del contrato.

La adjudicataria recibió la mejor puntuación de la mesa de contratación entre siete ofertas. Para ello fue determinante la importante baja sobre el importe de licitación, que era de 86.950,60 euros (también la ejecución de trabajos previos idénticos). De hecho, la mesa exigió a las empresas que presentaban una posible oferta temeraria que aportasen documentación justificativa extra, algo que solo hizo la UTE VS. Finalmente la mesa consideró justificado el precio ofrecido por la empresa y adjudicó el contrato.

Con la firma de este contrato culminará otro de los larguísimos (y lentos) trámites en torno al Escalinata: casi dos años han pasado desde que se incoó el expediente para la contratación del proyecto.

El culebrón dura ya 18 años desde que se presentó el recurso inicial. El aparcamiento de la avenida Virgen del Carmen fue declarado ilegal tras una denuncia de los propietarios del edificio Atlántida. El TSJA dio la razón a los vecinos al considerar que la construcción del parking había contravenido la normativa urbanística: se había edificado sin licencia y se había hecho pasar por subterráneo (que era lo que se había aprobado) alegando que la rasante era la Plaza Alta, en lugar del Paseo Marítimo. Durante las obras afectó profundamente al edificio Escalinata de Murillo que está sobre él, cuyos vecinos tuvieron que ser desalojados.

El Tribunal Supremo ratificó la ilegalidad del edificio en 2006 y en ese momento la comunidad de vecinos del Atlántida y los propietarios del Escalinata solicitaron el derribo del parking. Y desde entonces el Ayuntamiento de Algeciras (primero con el PSOE y después con el PP) ha estado intentando evitar esa demolición, fundamentalmente por su coste. En primer lugar, presentando un plan de movilidad para regular la rasante de los aparcamientos que fue anulado por el Supremo en 2014. Después presentó un incidente de imposibilidad de ejecución de la sentencia. Esgrimía la afección a las edificaciones colindantes y el quebranto económico para las arcas municipales, ante la indemnización que podría reclamar Nautagest (concesionaria por 50 años) por el lucro cesante. Proponía frente a ello una demolición parcial, pero esto también fue rechazado por el TSJA. Corría ya el mes de noviembre de 2016.

Desde entonces, el Alto Tribunal andaluz ha venido reclamando al Ayuntamiento que ejecute esa sentencia pendiente. Solicitó un calendario de actuaciones, pidió que se identificase a los responsables de la ejecución de la sentencia y ha preguntado en varias ocasiones por la marcha de los trabajos. A finales de 2017, el Consistorio comunicaba al juzgado que carecía de medios técnicos para la redacción del proyecto, por lo que encargaría el trabajo a una empresa especializada. En mayo de 2018, al no haber todavía resultados, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Algeciras dio un ultimátum al Consistorio ante los continuos retrasos, un último plazo de dos meses para que acreditase la contratación de las obras de demolición de las oficinas del edificio Escalinata.

El Ayuntamiento todavía intentó eludir el derribo mediante el acuerdo con los propietarios del edificio Escalinata para indemnizarlos por los gastos sufridos: incluyó una cláusula por la que estos solicitarían al juzgado que se suspendiera la ejecución de la demolición al estar tramitándose un acuerdo extrajudicial. Tampoco resultó.

Finalmente, en agosto del pasado año se convocó el concurso para la redacción del proyecto del Escalinata, pero la adjudicación quedó aplazada para recabar la colaboración de personal técnico de otras administraciones para evaluar las ofertas. Eso ocurría en el mes de marzo. A finales de septiembre se reunía de nuevo la mesa de contratación y hace unos días se emitía la resolución de alcaldía que confirmaba la adjudicación del contrato.