Un tanto eclipsado por los despropósitos de unos y otros en el Congreso y por la vorágine diaria de datos sobre el coronavirus, el informe de Analistas Económicos de Andalucía respecto al impacto de la pandemia ha venido a expresar en cifras el drama que miles de personas vienen padeciendo desde que se decretó el estado de alarma y, con él, el cese de buena parte de la actividad productiva. De forma sucinta, las previsiones respecto a Cádiz para 2020 de este gabinete de expertos, dependiente de Unicaja, son las siguientes: una caída del PIB provincial de entre el 8,9%, en el mejor escenario, y el 12,3%, en el peor, unido a una tasa de paro de hasta el 29%. Puede que este último porcentaje sea mayor, incluso, si no logramos frenar antes de finalizar el año la corriente desbocada en la que colectivamente ahora nos ahogamos. En el caso del Campo de Gibraltar, como hace semanas vaticinó José Ignacio Landaluce, puede que el impacto de la crisis sea menor y/o que salgamos un poco antes de ella debido al peso del Puerto de Algeciras y del sector industrial, menos dependientes de la demanda interna y sin las servidumbres de un sector tan frágil y volátil a veces como el turismo.

Es precisamente con esta panza de burra pendiente de precipitarse sobre nuestras cabezas cuando se ha conocido el proyecto de construcción de una planta fotovoltaica en San Roque, con una potencia nomimal de 42,64 MW, suficiente para abastecer de forma no contaminante a una población de nada menos que 24.000 hogares. La instalación se ubicaría a solo un kilómetro de la subestación eléctrica del Pinar del Rey y ocuparía 250 hectáreas. Lo desveló el pasado viernes Verdemar-Ecologistas en Acción, aunque poco más se sabe. Tampoco el nombre de la empresa promotora. ¿Todos contentos? Pues no, porque el citado grupo ecologista se opone al proyecto porque -reproduzco la literalidad de su comunicado- "es injusto que bajo el paraguas de energía alternativa se ocupen zonas de valor e impacto ecológico, en vez de buscar otros emplazamientos".

El problema, en este caso, es múltiple. Tiene guasa (de la mala) que una iniciativa de esta importancia basada en la producción de energía limpia sea despachado precisamente por un grupo ecologista, más aún en plena recesión económica, con argumentos tan pobres. Subrayémoslo: no se habla de suelos protegidos. También tiene su miga que no se sea consciente de que estas inversiones hay que cazarlas al vuelo y abrirles las puertas. Y, por último, es triste que se echen por tierra iniciativas sin presentar alternativas creíbles. Hay que insistir, por más que algunos no quieran ver la realidad que ahora tienen ante sus ojos: cuando los hoteles y los bares cierran, la industria sigue activa, con puestos de trabajo estables y bien remunerados. El objetivo marcado por la UE para 2020 era que el sector industrial representase en España el 20% de su PIB, pero ya antes de la crisis del coronavirus había caído del 18,7% al 16%.

Postdata: Quizá algún lumbreras pensará que hay que darles las gracias porque Cepsa haya congelado su inversión de mil millones de euros en San Roque. El capital, en cuanto huele las complicaciones, huye y busca lugares de mejor acogida.