Son 223 millones de euros los que el Ministerio de Fomento ha consignado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 para la construcción de la Algeciras-Bobadilla, una cifra que multiplica por siete la fijada en 2018. El proyecto de línea ferroviaria previsto dista de ser el tren de altas prestaciones anunciado hace años y requerido por la Unión Europea, pero, al menos, el Gobierno central parece haber captado la necesidad urgente de que el Campo de Gibraltar y, más en concreto, su Puerto y sus industrias, cuenten con una conexión ferroviaria relativamente moderna. No hay que desdeñar tampoco que, le pese a quien le pese, estos PGE ayudan a equilibrar el saldo de las inversiones públicas estatales, volcadas por lo general en otros territorios vecinos y, en ocasiones, en proyectos de dudosa rentabilidad social y económica.

El pasado lunes, en la presentación del balance de la APBA de 2018 -ojo al resultado récord de 106,8 millones de toneladas movidas, pese a estar sin conexión por tren desde octubre- Manuel Morón puso un dato contundente sobre la mesa: nuestros muelles generan en torno a 30.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos. La cifra nos da idea del peso económico del Puerto y nos obliga a preguntarnos si, en las actuales condiciones, será posible prolongar en próximos ejercicios el crecimiento experimentado en los últimos años. No cabe duda de que una conexión ferroviaria adecuada serviría para despejar muchas incógnitas sobre el desarrollo de Algeciras como puerto de importación y exportación, además de allanar el camino para la adjudicación de la nueva terminal de Isla Verde exterior.

Vista la competencia a la que nos enfrentamos (ahí tenemos a Tánger, pero también a Valencia y Barcelona), el problema será si estos PGE no se aprueban. Por lo pronto tiene guasa que dependamos para ello de la voluntad de un demente como Torra y de un prófugo como Puigdemont, dos personajes que han dado ya muestras de saber doblar el pulso al Gobierno.

Los datos oficiales muestran claramente que Andalucía ha sido históricamente castigada en términos de inversión estatal. Por eso, entre otras cosas y con independencia de colores políticos, la Algeciras-Bobadilla no ha sido modernizada, pese a ser un proyecto de Estado, y la N-340 entre Algeciras y Vejer sigue sin ser desdoblada. Como tampoco se ha dibujado sobre el mapa un solo trazo de la variante de la bahía y los accesos Sur y Norte de Algeciras continúan sin tener sus proyectos redactados, con una referencia de soslayo en los PGE y partidas insignificantes.

La discusión de base no es perseguir una igualdad imposible entre comunidades autónomas, sino la equidad entre ellas para que todas partan con las mismas condiciones para desarrollarse económica y socialmente. De ahí que Andalucía optase en su Estatuto por reclamar inversiones según el factor poblacional, no por ser el que más le convenía a sus intereses, sino porque era y es el más justo al anteponer a los individuos a cualquier otro interés: frente al hagamos más ricos a los ricos que propugnaba el Estatut catalán, Andalucía apostó por las personas.

Mañana se cumplen cien años desde que el Senado aprobó una ley para construir un ferrocarril directo entre la frontera francesa y el puerto de Algeciras. Ya es hora de saldar esa deuda histórica.