La aprobación esta semana por parte del Congreso de los Diputados del tratado fiscal acordado con Reino Unido sobre Gibraltar abre una vía inédita hasta ahora en las relaciones entre España y el Peñón en materia tributaria. El texto, llamado a poner coto a la evasión fiscal que desde hace décadas se propicia desde la colonia, complementa los memorandos de entendimiento alcanzados a finales de 2018 en torno a otros cuatro irritantes -en acepción diplomática- y relativos a los derechos ciudadanos, el control de las ventas de tabaco para evitar el contrabando, la protección medioambinental y la cooperación policial. Los cinco pactos sientan las reglas del juego una vez se active de manera formal el Brexit, previsiblemente en enero de 2021.

Desde el ignominioso Tratado de Utrecht de 1713, España y Reino Unido no habían cerrado acuerdos relativos a Gibraltar de tanta trascendencia. La diferencia ahora es que se ha llegado a un punto de equilibrio en las relaciones bilaterales. Gracias al tratado fiscal, por ejemplo, las personas que residan más de la mitad del año en España y las empresas cuya actividad se centra en territorio español tributarán a este lado de la Verja. Gibraltar, con 55.000 sociedades mercantiles domiciliadas, perderá sin duda con ese acuerdo buena parte de sus ingresos y mucho de su atractivo como paraíso fiscal de baja tributación y escasa transparencia, pero logrará mantener una relaciones cordiales con sus vecinos y la Unión Europea, su mercado natural.

Del acuerdo ratificado por el Congreso se han descolgado Vox y, de forma sorpresiva, el PP, que pese a no haber presentado una enmienda a la totalidad al texto acabó votando sí a la propuesta con tal de no dejarse adelantar por la derecha. El argumento fue compartido por los de Casado y Abascal durante el debate: España ha perdido la oportunidad que brinda el Brexit para ajustar cuentas con Gibraltar porque este, de no mediar esos acuerdos, hubiera acabado llamando más pronto que tarde a las puertas de España y entregado poco menos que las llaves con tal de seguir en el seno de la UE. Dicho de otro modo y a juicio de la derecha española, el Gobierno de Sánchez ha renunciado definitivamente a la soberanía del Peñón para entregársela a los británicos.

¿Tan negativo son el tratado y los memorandos? ¿Hubiera sido preferible una buena pelea, es decir, dar un cerrojazo en la Verja como sugiere la derecha rampante? La disyuntiva no es tal porque ni el tratado aprobado ni los acuerdos previos son tan malos -más bien es al contrario, como se comprueba por su contenido- ni España ha renunciado a la soberanía de nada porque su reivindicación se mantiene viva con el apoyo de Naciones Unidas en el seno de su comité de descolonización. Conviene ir paso a paso.