Hemos perdido la cuenta de las veces que nos han prometido la puesta en marcha de un plan especial de actuación para el Campo de Gibraltar, con medidas de inversión en materia social, de infraestructuras y de seguridad. El Gobierno de España habló de ello por vez primera el 15 de junio pasado, solo una semana después de su toma de posesión. El gesto denotó la sensibilidad existente en ese momento en el Ejecutivo ante un panorama muy preocupante que, sin embargo, se mantiene inalterable y sin medidas a la vista. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 viene atrasada y el margen de maniobra para prever medidas de calado es, por tanto, más limitado, lo cual no quiere decir que los ministerios implicados no hayan tenido tiempo para poner negro sobre blanco de forma detallada sus pretensiones con metas, plazos y partidas previstas.

Es cierto que se han cubierto determinados objetivos en materia de seguridad con la práctica cobertura de las plazas vacantes tanto en la Policía Nacional como de la Guardia Civil, si bien queda pendiente la actualización de los catálogos de ambos cuerpos para ajustar sus plantillas a la necesidades reales de una zona caliente en la que el narcotráfico y el contrabando continúan muy activos. De hecho, aunque el acoso de las fuerzas de seguridad forzó a los hermanos Tejón a entregarse a las autoridades, el clan de los Castañitas y una docena larga de collas más continúan plenamente activas en la comarca. A todas luces es preciso recuperar los planes de prevención contra la drogadicción, mejorar la calidad de la educación con proyectos específicos (con más medios y más docentes), ampliar la oferta del deporte de base, luchar contra la marginación social... Impedir, como alertan los colectivos antidroga que trabajan a pie de terreno, que haya una tercera generación perdida asociada a la cultura del narcotráfico.

La última prueba de la desafección de los ciudadanos con los dirigentes políticos la ofrecieron el viernes pasado los centenares de linenses que se concentraron para reclamar de las administraciones que cumplan con lo prometido. En el caso particular de La Línea, nada de nada se sabe sobre qué planea el Gobierno para paliar una tasa de desempleo brutal, el abandono escolar o la aplicación de un Brexit sobre el que a día de hoy sigue sin haber acuerdo entre la UE y Reino Unido, es decir, cuya aplicación podría suponer en la práctica un bloqueo de las relaciones con Gibraltar tal y como ahora las conocemos. ¿Qué fue del compromiso de una zona fiscal que pueda atraer a empresas instaladas hoy en el Peñón, de la expansión de la Zona Franca, de los planes de formación y empleo, de las inversiones en infraestructuras públicas? Demasiadas incógnitas como para animarse a votar el 2 de diciembre.