Todo pinta a que la convocatoria de mañana y pasado mañana, en Londres, de la décima ronda negociadora entre la Comisión Europea y Reino Unido para la firma de un tratado internacional sobre Gibraltar no será la última y que ambas partes se han dejado margen en diciembre para mantener, al menos, una nueva cita.

Experiencia hay de acuerdos logrados a ultimísima hora, cuando ya sonaba la bocina de alerta y las luces rojas estaban encendidas: así ocurrió el 24 de diciembre de 2020, cuando se cerró el gran pacto sobre las condiciones del Brexit, y también una semana más tarde de aquella fecha, a poco de comernos las uvas en Nochevieja, cuando España y Reino Unido –a solas– suscribieron el principio de acuerdo por el que se establecieron las bases de diálogo actual.

La gran pregunta es si el Peñón se integrará a corto o medio plazo en el espacio Schengen –lo que permitiría derribar la Verja– o se convierte de todas todas en una frontera exterior de la UE, con los controles propios de estos espacios y las limitaciones a la circulación de personas y mercancías.

En su “mandato de negociación”, acordado en julio de 2021, los 27 marcaron los límites y objetivos que debían tener las conversaciones con Reino Unido, de tal forma que la colonia británica esté sujeta a unas condiciones que no supongan una excepción en el marco de la UE y no levante ampollas ni genere discriminaciones respecto a ninguno de los estados miembros.

El ingreso de España en la CEE en 1985 se hizo a condición de que aceptase un estatus privilegiado para Gibraltar, pero la salida de Reino Unido de la UE puso punto final a todo. “Hasta ahora no teníamos agarre legal porque Gibraltar estaba fuera de la UE para las cosas que querían”, resume una fuente conocedora del proceso negociador, “pero desde el momento en el que el Peñón quiere formar parte de la zona Schengen, las cosas cambian”. “Por eso –añaden– queremos que el Tratado no deje cabos sueltos y que no solo haya igualdad en derechos, sino también de obligaciones”.

Las cartas están bocarriba desde hace meses, sin que apenas se hayan dado pasos adelante. Como reveló Europa Sur el pasado jueves, son cinco las materias de fricción.

1. Pensiones

A igual trabajo y años cotizados, igual pensión. Es una de las premisas de la UE frente la negativa del Gobierno de Fabián Picardo a reconocer los derechos de los españoles (y una minoría de otras nacionalidades) que desde la reapertura de la Verja en 1982 han estado trabajando y trabajan en la colonia. La diferencia en la percepción del community care entre los jubilados llanitos y el resto es de unas 400 libras al mes (460 euros). “¿Puede llamarse laborista un ejecutivo que mantenga esa discriminación hacia un grupo de empleados?”, se pregunta una fuente española conocedora del proceso. En la actualidad hay alrededor de 15.000 transfronterizos (12.000 de ellos, españoles) cuya pensión, de no haber acuerdo, será discriminatoria.

Como trasfondo están las dificultades por las que atraviesan las autoridades del Peñón para mantener su propio sistema de pensiones, basado en una suerte de fideicomiso que poco a poco pierde fuelle. Esta semana, Picardo tan solo se ha comprometido a dar a los transfronterizos el mismo trato que a los trabajadores residentes con respecto a las “prestaciones en el trabajo”, pero nada ha dicho respecto a los derechos de los jubilados.

2. Medio ambiente

¿A cuánto ascenderían anualmente las multas de la Unión Europea a Gibraltar por verter al mar sin depurar sus aguas residuales? La respuesta a esta pregunta explica posiblemente por qué las autoridades llanitas rechazan incluir en el acuerdo con la CE la trasposición a su corpus legislativo de las directivas comunitarias en materia de medio ambiente. Item más: ¿Cumplen las empresas de servicios portuarios y de bunkering de Gibraltar, competencia directa de las españolas en la Bahía de Algeciras, con los estándares europeos en ese ámbito?

3. Armonización fiscal

Para Picardo, las propuestas británicas “prevén la eliminación de las barreras comerciales y la protección de la integridad del mercado único de una manera que no comprometa nuestras preocupaciones fiscales o de soberanía más amplias”. Difícilmente puede colegirse de ello una predisposición a armonizar los impuestos de Gibraltar con los de la UE y, particularmente, con los de España como territorio vecino. Si trasladásemos a una imagen el concepto de prosperidad compartida del chief minister, esta tendría forma de embudo: la parte ancha para el Peñón y la estrecha para el Campo de Gibraltar.

4. Control fronterizo

A ojos de la CE, si desaparece la Verja, sus fronteras exteriores estarán en el puerto y aeropuerto de Gibraltar, dos puntos clave cuya defensa y seguridad debe depender del estado más próximo al Peñón, es decir, España. ¿Es incompatible con que esa tarea sea llevada a cabo en comandita o en colaboración junto con agentes de Reino Unido? Cuestión aparte es que la flema llanita –si es que existe– sea capaz de soportar que agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Aduanas estén presentes, visibles y uniformados en ambos emplazamientos.

5. Base militar

La sensación en el Peñón es que tanto a la Real Air Force como a la Royal Navy les importa un bledo lo que le pase a Gibraltar y a sus moradores mientras ellos puedan seguir aterrizando sus aviones y atracando sus buques sin ser molestados. La razón de ser de la colonia, desde la perspectiva de Londres, es su condición de base militar de primer nivel en un emplazamiento geográfico clave, unido a su conversión en un taller de mantenimiento y reparaciones encubierto de submarinos nucleares, como tuvimos ocasión de comprobar con el Tireless, allá por el 2000.