La salida de la Unión Europea le ha costado al Gobierno de Gibraltar casi 700.000 euros para poder continuar con los traslados en ambulancia a instalaciones sanitarias españolas solo en los últimos dos años.

Así lo ha desvelado el ministro de Salud, Albert Ísola, durante una intervención en el Parlamento gibraltareño en respuesta a una pregunta del líder de la oposición, Keith Azzopardi, que recoge la radiotelevisión pública gibraltareña (GBC).  

El gasto se debe a que el personal de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar no tiene permisos de trabajo para conducir ambulancias en España a menos que se trate de una emergencia. Por lo tanto, el Gobierno ha tenido que contratar a tres empresas de ambulancias españolas para trasladar pacientes a someterse a pruebas o revisiones médicas que no sean urgentes.

Ísola no respondió a las preguntas sobre si el tratado en negociación entre la Comisión Europea y Reino Unido para regular las relaciones de Gibraltar y la Unión Europea tras el Brexit incluirán algún cambio en este obstáculo.

Desde que se produjo el Brexit, las ambulancias de Gibraltar sólo pueden efectuar traslados rutinarios de pacientes para su tratamiento en hospitales españoles si están conducidas por personal residente en España o con ciudadanía de la Unión Europea. 

Esto obedece a que los conductores y el resto de trabajadores de este servicio sanitario pasaron a tener la misma clasificación que los conductores de vehículos comerciales, que requieren del registro de su situación laboral en la Unión Europea.

De forma excepcional, cuando se trata de pacientes en situaciones de “vida o muerte”, el personal de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar residente en el Peñón podrá realizar el traslado, siempre que avise previamente a las autoridades españolas y acredite el estado del enfermo.

La misma norma se aplica a los servicios de St. John Ambulance, a pesar de que se trata de una organización benéfica que funciona en gran medida gracias a la labor de voluntarios y no con personal de plantilla.

Las ambulancias españolas que realizan traslados rutinarios desde y hacia España no tienen problema alguno, ya que Gibraltar no les impide operar.

Según explicó hace un año el Gobierno de Gibraltar, el mismo problema se producía con el transporte de plaquetas desde España. El Peñón depende del suministro que le brinda Jerez cuando tiene una emergencia. Antes del Brexit, las plaquetas eran enviadas a La Línea y luego recogidas por ambulancias locales para transferirlas al Hospital St Bernard. Ahora hay que hacerlo con ambulancias españolas. 

En marzo de 2021, las autoridades españolas comenzaron a aplicar la normativa de extranjería a los conductores y transportistas y a reclamar a los ciudadanos de terceros países la documentación necesaria para operar en el espacio europeo, un requisito que hasta ahora se había soslayado como muestra de buena voluntad durante el periodo de negociación del futuro encaje de Gibraltar en Europa tras el Brexit. Desde el 1 de enero de 2021 estaba vigente la obligación de contar con permiso de trabajo para prestar un servicio en territorio español para los británicos y gibraltareños, al igual que para el resto de los ciudadanos de terceros países.

En el caso del transporte de mercancías y pasajeros, el Brexit puso fin al marco legal bajo el cual operaban los transportistas de Gibraltar en todo el territorio de la UE sobre la base de sus licencias comunitarias, pero también quedaron fuera de los convenios internacionales vigentes, que no se aplicaban en el Peñón. Reino Unido solicitó la ampliación a Gibraltar de los convenios internacionales pertinentes del Consejo de Europa, pero no se autorizó al considerarse que era una materia que tendría que ser objeto de negociación. Los transportistas que no cuentan con permiso del Gobierno español ni están acogidos a los convenios internacionales no pueden trabajar en España, en aplicación de la legislación vigente.