La denuncia por los rellenos del Eastside en Gibraltar podría acabar en un tribunal internacional para dilucidar quién tiene la soberanía de las aguas

La denuncia presentada por la Fiscalía de Algeciras en los juzgados de La Línea de la Concepción por los vertidos del proyecto urbanístico Eastside, en Gibraltar, podría desembocar en una disputa internacional sin precedentes sobre la soberanía de las aguas que rodean el Peñón. Así lo ha advertido el ministro principal llanito, Fabián Picardo, durante una sesión parlamentaria en la que no descartó que el caso acabe ante un tribunal internacional que determine, por primera vez, de quién son esas aguas.

Según detalla el Gibraltar Chronicle, la afirmación surgió como respuesta a una pregunta del líder de la oposición, Keith Azopardi, y revela el alcance que puede adquirir la denuncia inicialmente promovida por Verdemar Ecologistas en Acción. Presentada ante la Fiscalía hace siete meses, y canalizada ahora por el Ministerio Público ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea, la querella sostiene que las obras de relleno para el megaproyecto urbanístico podrían suponer delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Un caso local con consecuencias globales

“Relish” (saborear), fue la palabra elegida por Picardo para describir la actitud de su Gobierno ante una posible “disputa de jurisdicciones”. “El Gobierno está trabajando para comprender todas las implicaciones legales que podrían derivarse de la denuncia, no solo en Derecho español, sino especialmente en Derecho internacional público, que es lo que realmente importa aquí”, apuntó el dirigente gibraltareño.

En ese sentido, añadió que tanto él como Azopardi “disfrutarían” de un contencioso internacional, recordando que en su día fue España quien rechazó someter este asunto al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuando el Reino Unido ofreció resolverlo en ese foro. “Es España la que ha huido de una resolución independiente sobre la jurisdicción de estas aguas”, sentenció.

El detonante: los rellenos en la costa llanita

La denuncia de Verdemar, respaldada por informes del Seprona y por la propia inacción reconocida del Ministerio para la Transición Ecológica, acusa a Gibraltar de verter escombros y materiales potencialmente contaminantes sobre aguas de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, una franja marina incluida en la Red Natura 2000 por su alto valor ecológico. Según los informes remitidos a la Fiscalía, estos rellenos están “destruyendo el área marina” y alterando el equilibrio de los ecosistemas, al tiempo que afectan a especies protegidas y a actividades socioeconómicas vinculadas a la pesca o el turismo.

Las actuaciones, no notificadas oficialmente por el Gobierno de Gibraltar al Ejecutivo españolni autorizadas por las autoridades ambientales españolas competentes, se están llevando a cabo para dar forma al Eastside Project, una ambiciosa urbanización costera adjudicada al grupo vietnamita TNG Global Foundation que incluye unas 1.300 viviendas de lujo, un hotel, un puerto deportivo y una zona comercial. Actualmente, la promotora ya ha comenzado la comercialización de los inmuebles.

España: de la denuncia penal a la presión internacional

El 15 de mayo, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, exigió a la Unión Europea que actúe “para evitar que los rellenos sigan adelante sin control ni supervisión”. Desde el Gobierno central, el caso ha sido derivado desde la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente al ámbito de la Fiscalía de Algeciras, dado que los hechos denunciados tienen lugar en lo que España considera su jurisdicción marítima.

La línea argumental de Madrid es clara: los trabajos se realizan sobre aguas que forman parte de su territorio y dentro de una zona protegida, por lo que podrían estar violando tanto su legislación interna como normas europeas e internacionales. Gibraltar, sin embargo, lo niega categóricamente y recuerda que durante su etapa como parte de la Unión Europea, la Comisión Europea investigó ya las quejas españolas y concluyó que las obras del Eastside se estaban desarrollando “correctamente y conforme a la legalidad”.

Fabian Picardo deslizó la posibilidad de que la ofensiva judicial española abra, por primera vez, una puerta al arbitraje internacional: “Si España persiste en sus actuaciones ante sus tribunales nacionales, podrían estar haciendo el caso justiciable ante foros internacionales, ya sea a través de una demanda de un particular —por ejemplo, un promotor que vea lesionados sus derechos— o de un Estado que busque una opinión consultiva sin necesidad del consentimiento de la otra parte”.

El Gobierno del Peñón asegura que está trabajando con la promotora TNG para evitar que se vea afectada por estas acciones legales, y subraya que la parcela en cuestión fue “legal y debidamente cedida” por las autoridades gibraltareñas. Eso sí, rechaza de plano la intervención en cualquier procedimiento judicial “en un tribunal extranjero que pretende ejercer una jurisdicción extraterritorial que no reconocemos”, en palabras de Picardo.

Unidad política en Gibraltar frente a la denuncia

A pesar de las diferencias políticas, Gobierno y oposición en Gibraltar coinciden en rechazar la jurisdicción española sobre las aguas en disputa. Keith Azopardi reconoció que existe “terreno común” con el Ejecutivo en este punto, afirmando que España carece de autoridad sobre el desarrollo de un terreno que es “soberanía gibraltareña”.

Desde Convent Place —sede del Gobierno de Gibraltar— insisten en que se están aplicando los "más altos estándares internacionales" en materia de protección ambiental, incluyendo aquellos referidos a los efectos transfronterizos de proyectos de relleno costero.

Pero lo que comenzó como una denuncia ambiental podría adquirir un cariz geopolítico de enorme calado si termina derivando en la pregunta de quién manda, de verdad, sobre las aguas del Estrecho.