La Fiscalía denuncia ante un juzgado de La Línea los rellenos de Gibraltar en aguas españolas por delitos contra la ordenación del territorio y los recursos naturales

Algeciras/La Fiscalía de Área de Algeciras ha dado un paso trascendental en la investigación de los vertidos que realiza Gibraltar sobre aguas españolas para construir el Eastside Project, un megaproyecto de lujo que incluye un hotel, viviendas, zona comercial y puerto deportivo. A raíz de la denuncia instada por Verdemar Ecologistas en Acción hace más de seis meses y tras un proceso de investigación, el Ministerio Público ha presentado ante los juzgados de La Línea de la Concepción una denuncia al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Las diligencias han recaído en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de la localidad fronteriza con la colonia británica.

La actuación de la Fiscalía, pendiente aún de algunos informes más para valorar en su totalidad el daño concreto ocasionado, comenzó a raíz de un oficio de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, que remitió a la de Algeciras la denuncia de Verdemar por un presunto relleno ilegal con escombros y materiales potencialmente contaminantes en el entorno marino del proyecto Eastside, una expansión urbanística de la costa llanita adjudicada por el Gobierno del Peñón al grupo vietnamita TNG Global Foundation.

La denuncia detallaba que los vertidos de áridos y escombros sobre las aguas se habrían realizado dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, un área protegida por la legislación europea incluida en la Red Natura 2000. Además, los ecologistas apuntaban que parte del material de relleno provenía de la cantera La Utrera, en Casares (Málaga), operada por la empresa Votorantim Cimentos, cuya actividad -afirmaban- también estaba generando emisiones contaminantes y afectando a un enclave arqueológico y protegido.

Una investigación por fases

La Fiscalía de Cádiz asumió inicialmente las diligencias, que fueron transferidas a la Fiscalía de Área de Algeciras por tratarse de hechos localizados dentro de su jurisdicción. El Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Guardia Civil elaboró un atestado el pasado mes de noviembre que fue clave para orientar las pesquisas.

La Guardia Civil confirmó que los rellenos “conllevan la destrucción del área marina donde se depositan, así como la alteración de las condiciones físico-químicas del agua”

Ese informe confirmaba que la zona afectada forma parte del entorno protegido del Estrecho Oriental y recordaba que “en el año 2013 ya se denunció la construcción de un espigón en ese mismo enclave por posibles delitos medioambientales y urbanísticos”. Aquella denuncia, señalaba el cuerpo adscrito a la Benemérita, desembocó en unas diligencias previas en el Juzgado número 1 de La Línea.

En este nuevo caso, el Eprona confirmó que los actuales rellenos “conllevan la destrucción del área marina donde se depositan, así como la alteración de las condiciones físico-químicas del agua”. Todo ello, añadía, afecta de forma directa al “equilibrio de los ecosistemas presentes”, tanto por el impacto sobre especies protegidas como por las consecuencias socioeconómicas derivadas.

Para afinar la estimación de los daños, los técnicos advirtieron que necesitaban información más precisa sobre los proyectos exactos que se estaban desarrollando.

Sin comunicación ni permiso

Una de las revelaciones más contundentes del expediente llega desde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que, a través de su Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina, comunicó a la Fiscalía que “no se ha emitido ningún informe ni autorización en relación con los rellenos denunciados” y que “no se ha recibido comunicación alguna por parte del Gobierno de Gibraltar” sobre los trabajos en curso.

Además, lamenta que “ha resultado inviable realizar un seguimiento científico en la zona afectada por parte del Instituto Español de Oceanografía, al haber sido impedido por la intervención de las fuerzas de seguridad de Gibraltar”. Para el primer semestre de 2025, se prevé un seguimiento bionómico con apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La cantera de Casares queda exonerada

En paralelo a la investigación sobre Gibraltar, la Fiscalía ha analizado también las actividades de la cantera malagueña La Utrera, señalada por Verdemar como origen del material vertido. Las inspecciones realizadas por el Eprona -incluidas visitas al terreno, análisis de planimetría y revisión documental- descartan irregularidades.

No se han detectado emisiones contaminantes fuera de lo permitido, ni evidencias de que la actividad minera haya invadido el entorno protegido del Monte del Duque, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). En cuanto al material que llega a Gibraltar, la Fiscalía explica que “no se ha podido comprobar que se trate de material peligroso” y que “la exportación se realiza por las empresas clientes, no directamente por la cantera”.

Respecto a la supuesta planta de aglomerado asfáltico que podría estar funcionando sin licencia, la investigación aclara que la autorización aportada por Verdemar “corresponde a una planta móvil ya desmantelada desde hace años” y que no guarda relación con las instalaciones actuales. En definitiva, concluye el Ministerio Público, “el funcionamiento de la cantera La Utrera, así como las actividades ubicadas en su interior, es regular y conforme a la norma”.

A la espera de nuevos informes

La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias mientras espera recibir un último atestado sobre el uso de piedras de escombrera en los rellenos en otra zona del litoral gibraltareño, concretamente en el norte de la costa oeste.

En este momento, el foco sigue puesto sobre la actuación de las autoridades gibraltareñas y las consecuencias que los vertidos pudieran haber provocado en una zona marina de altísima sensibilidad ambiental.

El caso ha cobrado especial relevancia en las últimas semanas por la reanudación de las obras en el Eastside Project, que sigue ganando terreno al mar. Los promotores ya han dado los primeros pasos para la comercialización de 1.300 viviendas y locales para tiendas. Tras un mes de marzo marcado por lluvias y temporales de levante, los trabajos en la costa este del Peñón avanzan sin pausa: camiones cargados de piedras entran a diario en la colonia británica, mientras maquinaria pesada actúa en la escollera, que crece día a día.

La nueva fase del proyecto, recientemente aprobada por las autoridades gibraltareñas, prevé dragados, "obras de recuperación del litoral", la construcción de un rompeolas y otras infraestructuras de protección costera. Su desarrollo ha despertado críticas no solo de colectivos ecologistas españoles y residentes de la vecina Catalan Bay, sino también de algunos ministros del propio Gobierno del Peñón, que han expresado públicamente sus reservas por el impacto de esta expansión.

Verdemar ya ha designado abogado y procuradora para personarse en la causa abierta en La Línea y acceder al expediente judicial.