La promotora del Eastside Project de Gibraltar esgrime una autorización de 2008 para un proyecto diferente al que ahora ejecuta con rellenos

Gibraltar/TNG Global Realty Limited, promotora del proyecto urbanístico Eastside en Gibraltar ha difundido este miércoles un comunicado en el que dice contar con el respaldo de la Unión Europea para llevar a cabo la construcción de varias torres residenciales, locales comerciales y un puerto deportivo en una superficie ganada al mar de 45.000 metros cuadrados, en aguas que España reclama bajo su soberanía, y en una Zona Especial de Conservación (ZEC), protegida por la Red Natura 2000.

La realidad es que la promotora se basa en la autorización obtenida de las autoridades europeas en 2008 para un proyecto completamente distinto al que ahora se ejecuta, con menos superficie ocupada y sin el puerto para megayates previsto. "El espacio denominado Estrecho Oriental fue propuesto como lugar de importancia comunitaria (LIC) en mayo de 2007; la Comisión Europea lo adoptó como tal el 12 de diciembre de 2008 y fue designado zona especial de conservación (ZEC) el 30 de noviembre de 2012. Ahora bien, el promotor presentó la solicitud de permiso de obra del Eastside Project en diciembre de 2007 y el permiso se concedió el 16 de abril de 2008, es decir, después de la propuesta de designación del espacio como LIC, pero antes de su conversión en ZEC", indicó ya la Comisión Europea (CE) en 2015 en una respuesta Verdemar Ecologistas en Acción.

"El Reino Unido", añadía la CE, "no tenía conocimiento ni fue informado por España de que el espacio denominado Estrecho Oriental figuraba desde mayo de 2007 en la lista de lugares propuesta por ella. Por tal motivo, el Reino Unido no pudo tener en cuenta en su evaluación ninguna posible repercusión importante del Eastside Project en el espacio denominado Estrecho Oriental, cuando todavía estaba en la lista de lugares propuesta por España". 

La respuesta de la CE destacaba que "las autoridades británicas han confirmado a los servicios de la Comisión que la cuestión de las posibles repercusiones importantes sobre el medio ambiente de España se abordó específicamente en la evaluación de impacto ambiental y que el procedimiento previsto en el artículo 7 de la Directiva no se activó porque la evaluación había concluido que el proyecto, tal como se autorizó finalmente, no tendría efectos transfronterizos importantes en el medio ambiente. Por otro, los servicios de la Comisión no han recibido ninguna prueba de que España haya pedido ser consultada oficialmente sobre el proyecto".

El comunicado de TNG se produjo un día después de que Europa Sur desvelase que la Junta de Andalucía ha validado la exportación de piedras extraídas de la cantera La Utrera, en Casares (Málaga), para la construcción de una escollera en la cara este del Peñón de Gibraltar, sobre aguas españolas, como parte de los rellenos del Eastside. Así lo confirmó una carta remitida por la Secretaría General de la Presidencia, fechada el 2 de diciembre, en respuesta a las denuncias presentadas por Verdemar-Ecologistas en Acción, que había solicitado una revisión de las actividades en este espacio protegido por la Red Natura 2000.

La difusión del comunicado por TNG suscitó críticas de los grupos ecologistas en España, que alertan de "graves irregularidades" en el macroproyecto de lujo, tanto el original como el presente.Verdemar-Ecologistas en Acción calificó de "vergüenza" que sean los colectivos verdes quienes deban "defender los intereses de Andalucía, España y el Medio Ambiente" frente a la amenaza que supone el proyecto Eastside en Gibraltar. Según la organización en un comunicado remitido a Europa Sur, el proyecto urbanístico llanito pone en peligro los valores ambientales de la región y contraviene las leyes de conservación del medio marino.

El 9 de septiembre pasado, la CE, en respuesta a una denuncia de Los Verdes de Europa a las autoridades de la colonia, aseguró que trabajaba "para poder alcanzar un acuerdo entre la UE y el Reino Unido en lo que respecta a Gibraltar, que abarcaría, entre otras cosas, las cuestiones medioambientales y que permitiría garantizar que los intereses naturales de los lugares protegidos y del territorio marino en disputa se gestionen y protejan de manera coherente y eficaz. Sin embargo, a fecha actual, no se han concluido dichas negociaciones. En conclusión, tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y la exclusión de Gibraltar del Acuerdo de Comercio y Cooperación, la Comisión Europea no puede en este momento dar curso a esta denuncia".

Impacto en un enclave protegido

TNG Global Realty defiende que el proyecto cumple con la legislación medioambiental. "La inversión de 100 millones de libras en protección costera mitigará riesgos de erosión y restaurará ecosistemas marinos", manifiesta la empresa. También asegura que la retirada de escombros acumulados durante 25 años en la zona mejorará la calidad ambiental del entorno, aunque no especifica el destino final de dichos vertidos: si los usará como parte de los rellenos o si los trasladará a una cantera situada en el cercano municipio de Los Barrios, acondicionada como vertedero.

Aunque Gibraltar asegura haber trasladado las lapas (Patella ferruginea) -única especie protegida identificada en la zona- a otro enclave mediante una empresa privada, los ecologistas consideran insuficientes estas medidas. "Es inadmisible que se ignore el daño que esta obra está causando a un espacio protegido por la legislación europea y española", señalan desde Verdemar.

El macroproyecto urbanístico ha sido "objeto de seguimiento por parte de las autoridades locales y de los organismos internacionales" para asegurar el cumplimiento de los estándares medioambientales, asegura la empresa, que añade que "la acción proactiva respecto a las lapas refuerza el compromiso con la preservación de las especies protegidas en la zona".

TNG mantiene que desde su evaluación inicial por parte de la Comisión Europea en 2009, "Eastside ha sido objeto de revisiones y análisis ambientales que han marcado las directrices para su desarrollo". En este sentido, indica que la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) fue aplicada en los primeros análisis del proyecto, "considerando el potencial impacto en ecosistemas, infraestructuras y turismo", subrayando la importancia de realizar un estudio detallado de cada fase.

La empresa asegura que el proyecto Eastside en Gibraltar ha captado la atención de la zona durante los últimos meses "generando expectativas", así como "dudas y controversias a consecuencia de algunas informaciones que no se han ajustado a la realidad". En este sentido, afirma que, en el ámbito ambiental, Eastside "busca equilibrar la expansión urbana con el respeto al entorno".

La reacción ecologista

Para los ecologistas, estos argumentos no justifican el impacto en una zona protegida. "Los rellenos están destruyendo hábitats clave del Estrecho Oriental", manifiesta Antonio Muñoz, portavoz de Verdemar, quien reclama una "intervención firme" de las autoridades españolas y europeas para detener las obras.

La ZEC del Estrecho Oriental es un área marina de alto valor ecológico, hogar de hábitats y especies que cuentan con protección especial. Ecologistas en Acción denuncia que Gibraltar está importando cerca de 50.000 toneladas de piedra de escollera desde España para los rellenos necesarios para la expansión del terreno. Alrededor de un centenar de camiones cruzan diariamente la Verja transportando las rocas, que se emplean para construir espigones y levantar el nuevo complejo urbanístico.

Verdemar ha llevado el caso ante la Fiscalía General del Estado, que ha admitido a trámite la denuncia.

Un macroproyecto entre tensiones políticas

El Eastside Project forma parte de la estrategia de Gibraltar para "diversificar su economía y atraer inversiones", según TNG Global. Con un presupuesto de 800 millones de libras, incluye 1.300 viviendas, 400 amarres para embarcaciones, un hotel de lujo y decenas de locales comerciales. El Gobierno de Gibraltar ha destacado que la obra promete beneficios económicos también para localidades españolas como La Línea de la Concepción, San Roque y Algeciras.

No obstante, la dimensión política del proyecto ha intensificado las tensiones entre España y Gibraltar. La expansión marítima ha sido recientemente delimitada con boyas donde se ejecutan los rellenos, consolidando su control sobre aguas que España considera bajo su soberanía.

Mientras tanto, la Fiscalía sigue investigando las denuncias y España insiste en que "continuará protestando cada vez que se produzcan acciones contrarias al Derecho Internacional y a las normativas ambientales", como señaló hace meses el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, las obras avanzan a pleno rendimiento, en un contexto marcado por la disputa territorial y los intereses económicos en la región.