El enésimo episodio de fricción entre las autoridades españolas y gibraltareñas en la Bahía de Algeciras ha reavivado la situación sobre las aguas que rodean al Peñón y cuya soberanía se disputan España y Reino Unido.

El pasado lunes, el patrullero rápido Águila 2, del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), persiguió y abordó un buque auxiliar del puerto gibraltareño que levantó sus sospechas porque navegaba por la Bahía sin luces y sin el Sistema de Identificación Automática (AIS) activado. Aduanas de Gibraltar también accedió al barco, donde se produjeron momentos de mucha tensión.

La acción ocurrió en las aguas de soberanía española que Gibraltar reclama como británicas (las autodenomina como aguas territoriales), por lo que el Gobierno de Reino Unido elevará una protesta formal al español por la actuación del SVA. 

El pulso entre España y Reino Unido por estas aguas no es nuevo. Tampoco es novedad que tanto España como Reino Unido mantienen posiciones claras e inamovibles. El Gobierno español, basándose en el Tratado de Utrecht de 1713, sólo reconoce la cesión al Reino Unido de la ciudad, el castillo, las defensas y fortalezas y el puerto, quedando fuera las aguas adyacentes al Peñón. 

Existe incluso una sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 puso en duda que el Tratado de Utrecht supusiera cesión de soberanía y jurisdicción. "En el caso de que esa cesión de soberanía siguiera vigente si la hubo, habría de referirse exclusivamente a aquellos espacios delimitados en el título de concesión, y nunca alcanzaría a otros, terrestres o marítimos, distintos de aquellos, respecto a los que en modo alguno cabría reconocer poder soberano ni jurisdicción de ninguna clase", matizó el tribunal hace más de dos décadas.

Estos argumentos son los que se mantienen sobre la mesa cada vez que sucede un episodio como el de esta semana, mientras que al otro lado de la Verja, el posicionamiento es bien distinto. El Gobierno británico y las autoridades de Gibraltar -para estas últimas Utrecht carece de validez alguna- consideran como suyas no sólo las aguas del puerto, sino también las adyacentes al Peñón hasta al menos tres millas. Gibraltar ejerce control sobre estas aguas con patrulleras y mantiene varios fondeaderos a pesar de que España no reconoce dicha potestad.

El ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, ha insistido esta misma semana en este punto de vista basándose "en la Ley de Gibraltar, y también está previsto en el Derecho Internacional Público, a saber, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar". 

Infografía sobre las aguas en litigio.

Como precedente a lo sucedido esta semana, el pasado mes de febrero dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera encallaron en una playa de Gibraltar mientras perseguían una embarcación cargada con tabaco de contrabando. A su llegada al litoral, en mitad de la noche, fueron agredidos violentamente por una colla de contrabandistas. 

Entonces, el Gobierno de Picardo, con apoyo del Gobernador de Reino Unido, calificó lo sucedido como "una grave violación de la soberanía británica y, potencialmente, el incidente más grave y peligroso en muchos años".

Frente a ello, el Gobierno de España defendió su soberanía sobre las aguas que rodean a Gibraltar, respaldó a los dos agentes de Aduanas agredidos y exigió a las autoridades de la colonia británica que adoptasen medidas eficaces en la lucha contra el contrabando de tabaco. Aquellas declaraciones fueron consideradas por España como "especialmente incomprensibles" por tanto se mantenían entonces conversaciones para la búsqueda de un acuerdo sobre el encaje de Gibraltar en la Unión Europa tras el Brexit, actualmente en suspenso por la convocatoria de elecciones generales en España y la existencia de un Ejecutivo en funciones.