España intensifica el control sobre los rellenos en Gibraltar pero no aclara si se personará en la causa judicial

Gibraltar/Cinco días después de que Europa Sur revelase en exclusiva que la Fiscalía de Área de Algeciras ha denunciado ante los juzgados el proyecto urbanístico Eastside de Gibraltar por posibles delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha salido al paso este viernes a las preguntas de los periodistas para asegurar que el Ejecutivo central está “encima” del asunto. Fernández ha afirmado que los ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior mantienen un “seguimiento” de los rellenos de terreno que se están llevando a cabo en la costa este del Peñón, pero ha evitado concretar un extremo crucial: si alguno de esos dos departamentos va a personarse en el procedimiento judicial abierto o si facilitarán de oficio al juzgado los datos que, según él mismo afirma, ya han comenzado a recabarse sobre el terreno.

“El Gobierno está permanentemente pendiente de lo que suceda”, ha declarado el delegado durante un acto en Granada. “El Ministerio de Exteriores y el de Interior, cada uno en su ámbito competencial, están encima de este asunto para evitar que pueda suceder cualquier tipo de perjuicio o daño en suelo o aguas españolas”, ha añadido.

El asunto ha cobrado especial relevancia tras la publicación por esta redacción, el pasado 6 de mayo, de la noticia que avanzaba que el Ministerio Público ha presentado una denuncia formal ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea de la Concepción, después de más de medio año de investigaciones motivadas por una denuncia de Verdemar-Ecologistas en Acción.

En el escrito, la Fiscalía apunta a la posible comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, y contra la ordenación del territorio por los rellenos que realiza el Gobierno de Gibraltar para ejecutar el proyecto Eastside, que ganará una gran superficie al mar para uso urbanístico y residencial de lujo.

Fernández ha explicado que tanto la Guardia Civil como el Instituto Español de Oceanografía (IEO) “trabajan coordinadamente” para comprobar si se ha producido alguna afección en aguas españolas por estos vertidos. La novedad más destacada que aporta el delegado es que ya hay efectivos desplegados “sobre el terreno” para llevar a cabo labores de comprobación, algo que no había sido posible hasta ahora por las trabas impuestas por las autoridades del Peñón.

Sin embargo, el representante del Gobierno de España no ha aclarado si estos trabajos técnicos se integrarán formalmente en la causa judicial ya en marcha, ni si el Ejecutivo se plantea ejercer acciones legales. Tampoco ha confirmado si se ha puesto a disposición de la Fiscalía el informe con los datos que, según él, están obteniendo ahora los equipos del IEO y la Guardia Civil.

Este vacío alimenta la incertidumbre en torno a una investigación que, según el propio decreto de diligencias de la Fiscalía, ha estado marcada desde el principio por la dificultad —cuando no imposibilidad— de realizar análisis técnicos en la zona de los rellenos. El Ministerio Público había advertido que los científicos del Instituto Oceanográfico no habían podido evaluar los daños en el fondo marino del área del Eastside Project debido a la intervención de las fuerzas de seguridad gibraltareñas, que impidieron el acceso a la zona afectada.

La causa judicial, según ha podido confirmar este periódico, permanece abierta a la espera de la recepción de un último atestado relacionado con otro punto del litoral gibraltareño: el uso de piedras procedentes de escombreras en rellenos en el norte de la costa oeste, otro posible foco de contaminación medioambiental.

El conflicto medioambiental ha reavivado también las tensiones diplomáticas en la zona. Verdemar-Ecologistas en Acción denunció en diciembre que Gibraltar continúa ganando terreno al mar con el Eastside Project, una intervención que, según la organización, ha requerido la importación de unas 50.000 toneladas de piedra de escollera de gran tonelaje. El colectivo ecologista ha alertado sobre las posibles consecuencias para los hábitats marinos y ha insistido en que el Estado español debe adoptar una posición más activa.

Por su parte, la promotora del proyecto, la firma TNG Global Realty Limited, se escuda en una evaluación técnica de la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea que, tras recibir información del Gobierno de Gibraltar y las aclaraciones solicitadas por España, concluyó en el año 2008 que no se habían identificado infracciones de la legislación ambiental comunitaria. Aun así, la Fiscalía española considera que hay indicios suficientes para abrir una causa penal.