El largo periplo judicial del caso Escalinata va camino de iniciar un nuevo episodio. Ayer se cumplió el plazo para que el Ayuntamiento de Algeciras abonase a los propietarios del edificio Escalinata de Murillo 1,3 millones de indemnización por los gastos sufridos tras ser obligados a desalojar sus viviendas por los daños provocados por la construcción del parking Escalinata. Ese pago no se ha producido y los vecinos se plantean ahora acudir de nuevo a los tribunales, como ya se advertía en el propio acuerdo que se haría si no se cumplía lo firmado.

El convenio entre Ayuntamiento y vecinos fue suscrito el pasado año con el objetivo de ejecutar una sentencia judicial que establecía que Ayuntamiento de Algeciras y Nautagest (concesionaria del parking) deberían de pagar de forma solidaria una cuantía por gastos generados debido al desalojo, como alquileres, mudanzas, mobiliario y daños morales. El Consistorio se comprometía a pagar 1,3 millones de euros a los propietarios y la comunidad desistiría de las acciones penales que había emprendido contra el Ayuntamiento, además de comprometerse a no iniciar otros procedimientos nuevos y a instar la suspensión de la ejecución del derribo del parking Escalinata y las oficinas aledañas que se había establecido judicialmente. También se comprometía a solicitar la licencia para la demolición del edificio. Este acuerdo fue aprobado por el Pleno con los votos a favor de PP, PSOE, Podemos y la edil no adscrita Elena Abad (el resto se abstuvo).

El documento establecía como fecha límite para el pago el 30 de abril de 2019, momento a partir del cual comenzarían a devengarse intereses y del que se plantearía cualquier acción judicial procedente en derecho para reclamar el dinero.

La fecha ha llegado y no hay noticias del Ayuntamiento, lamentan los propietarios, que aseguran estar pendientes del pago de la indemnización para proceder al derribo del edificio arruinado, que les corresponde. Desde el Consistorio se alega que el acuerdo no ha sido homologado judicialmente, por lo que no ha podido aplicarse aún.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 tiene que pronunciarse sobre el acuerdo después de que el año pasado se le comunicase el pacto. Inicialmente, el juez emitió una providencia rechazándolo, recordando por un lado que hay unas cantidades fijas a pagar ya establecidas y por otro dando dos opciones para fijar la parte variable: o se abre un debate con todas las partes afectadas (Ayuntamiento, Nautagest y vecinos) y se resuelve por auto o todas estas partes llegan a un acuerdo y lo presentan al juzgado. Nautagest había quedado fuera de la negociación.

Nautagest expresó su rechazo a un pacto que incluía a su juicio cuestiones ajenas al procedimiento judicial, por lo que se negó a abonar la mitad de lo acordado en él. Ayuntamiento y propietarios defendieron el convenio alcanzado. Pero desde entonces (esto ocurrió el año pasado) no se ha producido pronunciamiento judicial alguno, por lo que el caso Escalinata vuelve a entrar en compás de espera.