El pasado mes de febrero el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó los anteproyectos de ley para el reconocimiento de dos nuevas universidades privadas que pronto pasarán, por lo tanto, a formar parte del Sistema Universitario Andaluz.

Dos consideraciones son relevantes a raíz de esta aprobación. En primer lugar, es necesario recordar que los informes emitidos por los rectores de las universidades andaluzas ya indicaron que estas dos universidades privadas no cumplían la normativa aplicable a la creación de nuevas universidades, esto es, no reunían los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios e igualmente estas universidades privadas no disponían de informes plenamente positivos en lo que a su calidad se refería.

Estos criterios tratan de evitar la proliferación de "chiringuitos" que eludiendo gran parte de los costes y funciones de las universidades son en realidad dispensarios de títulos previo paso por caja que desvirtúan la formación universitaria y que se han multiplicado en los últimos años fundamentalmente en Madrid.

En segundo lugar, hay que destacar que en Andalucía no se ha conseguido todavía cerrar un modelo de financiación que mejore las condiciones laborales del personal docente e investigador y de servicios de las universidades y que permita poder avanzar en la mejora de la calidad de la docencia, la excelencia investigadora de las universidades andaluzas y ampliar el número de plazas en las titulaciones con alta demanda para poder prestar con garantías el servicio público esencial que desempeñan las universidades públicas.

Por todo ello no parece razonable que la Junta de Andalucía apueste por favorecer la multiplicación de plazas en manos de universidades privadas desconociendo criterios elementales de racionalidad y calidad en la planificación de la oferta en la educación superior. Las universidades públicas han venido desempeñando un papel clave en la formación, en la investigación y en la transferencia, pero además han sido un vehículo esencial de cohesión y desarrollo de la sociedad andaluza con una importante función social erosionando las desigualdades y favoreciendo la excelencia y retención del talento en Andalucía.

Dos universidades privadas más han iniciado ya los trámites de autorización y una tercera acaba de anunciar que lo hará próximamente. Creo que la apuesta por las universidades privadas de la Junta de Andalucía es un gravísimo error. Por el contrario, hubiera sido deseable apostar por un sistema universitario público robusto y equitativamente financiado que favorezca el desarrollo de Andalucía.