El cambio climático es uno de los grandes desafíos que debe abordar la comunidad internacional. Hasta la fecha, se ha sido incapaz de implementar respuestas jurídicas internacionales eficientes, y las existentes, como el Acuerdo de París, son claramente insuficientes. Además, la oposición frontal del populismo iluminado de Trump y sus seguidores hace muy difícil su implementación.

No obstante, ante las devastadoras consecuencias del fenómeno hay mucho margen de actuación en otros ámbitos, tanto nacionales como locales. Cuando el virus SARS-CoV-2 se extendió con una rapidez inesperada por todo el planeta, gran parte de los responsables políticos alegaron que no habían sido advertidos de esta amenaza para poder estar preparados. Sin embargo, en el caso del calentamiento climático, la comunidad científica lleva décadas avisando de la inminente catástrofe que causará el modelo de desarrollo económico basado en los combustibles fósiles y la destrucción del medio natural. Los fenómenos meteorológicos extremos, modificación de las pautas de lluvia, aumentos de las temperaturas son manifestaciones del fenómeno que ya están aquí.

Estos días atrás se avisaba de la falta de agua en los pantanos que abastecen el Campo de Gibraltar y la necesidad de cortes de suministro en otoño. Lo que sorprende es que no se haya reaccionado antes por las administraciones locales y comarcales en unas medidas más ambiciosas de adaptación y mitigación del cambio climático.

En este sentido, sería necesaria una reforma global de la gestión del agua, evitar los vertidos de aguas residuales completando el ciclo de depuración y reutilización para fines industriales y otros fines compatibles, además del fomento del ahorro y uso responsable de los recursos hídricos. Además, hay un número importante de actuaciones que podrían adoptar las administraciones públicas locales en materia de gestión de residuos, reciclaje, plantación y cuidado de árboles, incremento de zonas verdes y atención a las masas arbóreas de los montes públicos, reducción del tráfico en los núcleos urbanos y potenciación del transporte público. En relación con este último, una red eficiente, rápida y cómoda con vehículos no contaminantes además de reducir la necesidad del coche privado y disminuir, en consecuencia, las emisiones de CO2, contribuiría a una ciudad más amable y más sana.

La comunidad internacional va muy retrasada en la lucha contra el cambio climático, pero ello no es excusa para una actuación más valiente y decida desde ámbitos locales.