Ayer miércoles 29 de septiembre se publicó una sentencia de gran calado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esta resolución, el tribunal da la razón al Frente Polisario, al que reconoce como legítimo representante del pueblo saharaui y anula los acuerdos de comercio y de pesca entre Marruecos y la UE. Sin duda, esta sentencia tendrá unas consecuencias de gran magnitud en las ya extraordinariamente complejas relaciones entre Marruecos y la UE, hasta el punto que el propio tribunal declara que los efectos de los acuerdos anulados se mantendrán durante un cierto período de tiempo, con el fin de preservar la acción exterior de la Unión y la seguridad jurídica de sus compromisos internacionales.

En definitiva, el tribunal confirma que el Sáhara Occidental no es marroquí, es un territorio bajo ocupación, pendiente de descolonizar de acuerdo con el derecho internacional y la doctrina de la ONU. En consecuencia, el pueblo saharaui tiene todavía pendiente el ejercicio del derecho de autodeterminación. Por tanto, tal y como se había pronunciado anteriormente el tribunal europeo en anteriores sentencias, Marruecos no puede disponer de sus recursos naturales sin contar con el pueblo saharaui. También es de enorme importancia que el tribunal confirmé que las aguas del Sáhara no son marroquíes. Hay que recordar que la mayoría de los barcos que faenan en estas aguas que disponen de grandes recursos de pesca son españoles y que existe un serio problema de delimitación de los espacios marinos en torno a Canarias debido a actos unilaterales de Marruecos que extiende sus espacios marinos vulnerando los principios básicos de derecho internacional.

Como es bien conocido, la crisis de mayo de Ceuta se generó como respuesta inamistosa a la decisión española de proporcionar asistencia médica al secretario general del Polisario, lo que nos muestra con claridad que estamos en la actualidad en un momento cargado de incertidumbres y dificultades ante la imprevisibilidad de nuestro vecino del sur y sus peligrosas respuestas, alejadas de los principios habituales de la negociación diplomática y cercanas a la imposición, coacción y chantaje.

Al pueblo saharaui le abandonó primero España, después, el resto de la comunidad internacional. A la UE solo le ha importado los importantes recursos naturales del territorio y la prevalencia de la estabilidad de la potencia ocupante, Marruecos. Sin embargo, además de la dignidad, los saharauis han conservado la legitimidad y su confianza en el derecho internacional les ha permitido esta victoria judicial contra Marruecos, y, por supuesto, contra la UE y contra España, la metrópoli que después de abandonar el territorio sin cumplir con sus obligaciones internacionales -favorecer la descolonización- apoya al ocupante en el saqueo y expolio de sus recursos.