La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado reabrir el caso de la destrucción de los discos duros de los ordenadores que utilizaba el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y que estaban custodiados en la sede del Partido Popular. Fuentes jurídicas han informado de que el tribunal ha ordenado la reapertura de la investigación una vez ha estimado los recursos presentados por IU, la Asociación Justicia y Sociedad, Los Verdes y UPyD contra la decisión de sobreseimiento provisional de la causa acordada por el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid.

En el auto, el tribunal entiende que "el archivo provisional se adoptó sin practicar diligencia de investigación alguna" sobre los hechos, lo que le impide disponer de información contrastada para dirimir el caso. Los magistrados señalan que "lo jurídicamente decisivo es averiguar la titularidad de los ficheros almacenados en los soportes destruidos", así como hallar a los responsables que destruyeron los discos duros de los ordenadores.

También creen "decisivo conocer las condiciones del contrato de trabajo y si en su regulación, pactada y aceptada por las partes, existían normas protocolizadas, notificadas y aceptadas sobre el uso, acceso o disposición sobre dichos ficheros o sobre las condiciones de devolución de las herramientas de trabajo una vez extinguida la relación laboral". "Dado que ninguna investigación se ha realizado sobre los hechos que conforman el titulo de imputación, no disponemos de tal información, que debe ser judicialmente recabada pues puede ser relevante para determinar fundadamente la existencia de la responsabilidad penal" que reclaman las acusaciones, motivo por el que ordenan reabrir la causa.

Con la reapertura de esta investigación, la Sala pretende que se averigüe "quién, en la organización del Partido Popular, ordenó o acordó la destrucción de los discos duros utilizados por el señor Bárcenas, que se produjo en un momento temporal en el que era público y notorio, dado su impacto mediático, que el mismo estaba siendo sometido a investigación penal por graves delitos cometidos con ocasión del desarrollo de su actividad laboral". La Audiencia echa también en falta que la instructora tomara declaración a Bárcenas "sobre el contenido de dichos discos duros con posterioridad a conocerse su destrucción" y "tampoco ha tenido este Tribunal a su disposición, ni los tuvo la instructora antes de decidir, la documentación y los ficheros que fueron entregados por el señor Bárcenas en su declaración de julio de 2013" en la Audiencia Nacional.

Los magistrados hacen también referencia a la "azarosa" e "insólita" tramitación de los recursos que tras ser interpuestos en 2013 fueron recibidos en esta Audiencia Provincial para su resolución "más de un año y tres meses después", dado que las actuaciones originales permanecieron extraviadas durante más de un año sin que nadie lo advirtiera, por lo que la causa tuvo que ser reconstruida con auxilio de las partes. Del mismo modo, aseguran que el delito de encubrimiento ha de ser investigado de forma paralela o separada a la investigación del delito encubierto, sin que la falta de esclarecimiento definitivo de este último pueda justificar el sobreseimiento provisional.

El procedimiento se inició a raíz de una querella por daños informáticos y encubrimiento presentada por una acusación del caso Bárcenas liderada por IU ante el ex juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien remitió las actuaciones a los juzgados de plaza de Castilla. Esta querella recayó en el juzgado 32 de Madrid, que la archivó, y luego ese archivo lo recurrió otra acusación personada, UPyD, pero ese recurso no se pudo resolver porque se perdió la causa.

De todas estas actuaciones no se dio traslado al querellado, el PP, que denunció su indefensión respecto de un procedimiento que se dirige contra él y en el que la jueza citó a las partes para que aportaran toda la documentación que tengan, con el fin de reconstruir la causa perdida y dar trámite al recurso. "La situación es mucho más grave aún puesto que al parecer se va a permitir a los querellantes, formaciones políticas que tienen un evidente interés en socavar la imagen pública de mi representado (el PP), la aportación 'ex novo' de los documentos que obren en su poder", denunció la formación política en su escrito. "Resulta evidente que una reconstrucción como la que se pretende no puede realizarse a espaldas de los querellados, con menoscabo de sus garantías procesales, provocando su indefensión", explicó el PP, que finalmente se personó en la causa. Cuando la causa fue reconstruida, la jueza dio traslado del recurso de UPyD para que lo resolviera la Audiencia de Madrid.