La Junta de Andalucía ha convocado un programa de ayudas a la eficiencia energética de la industria con el objetivo de reducir el consumo de energía en línea con las directivas europeas y, al mismo tiempo, impulsar la competitividad del sector. Con 100 millones de euros de presupuesto, el plan cuenta con dos líneas diferenciadas de ayudas, para pequeñas y medianas empresas y grandes industrias, y “constituye una oportunidad para que la industria andaluza sea más eficiente, tanto energéticamente como en sus procesos productivos, y se diferencie en el mercado por ser más respetuosa con el medio ambiente”.

Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, en su intervención en el Foro Joly Andalucía, organizado por Europa Sur y patrocinado por Acerinox. Según ha detallado Bravo, habrá un primer programa para el desarrollo energético sostenible con 28,4 millones de euros procedentes de los fondos europeos Feder, destinado específicamente a las pymes industriales, y otro para actuaciones de eficiencia energética para pymes y grandes empresas del sector industrial con 71,6 millones de euros procedentes de fondos estatales. La apuesta se completa con el asesoramiento por parte de la Agencia Andaluza de la Energía.

Con estas medidas se obtendría una mejora medioambiental, remarcó Bravo, aunque también una rebaja en la elevada factura energética que soporta la industria andaluza y española, que tiene en los elevados costes de la energía (superiores a los de otros países europeos y muy por encima de los registrados en otros continentes) uno de sus grandes hándicaps a la hora de competir en los mercados internacionales.

Pero además, resalta el consejero, la energía es un ámbito atractivo para la llegada de inversiones. Y dentro de este la provincia de Cádiz tiene “una oportunidad que no puede dejar escapar”. Cádiz tiene instalados en este momento 1.496 megavatios (MW) de generación renovable y hay proyectos en promoción que suman otros 1.763 MW. Pero el potencial es enorme: existen peticiones de nuevos proyectos que superan los 3.000 megavatios, que no pueden desarrollarse por falta de capacidad de evacuación de la energía que se generaría: en la actualidad solo se podría dar salida a la red eléctrica a unos 600 MW.

La intención de la Junta es batallar para que esa capacidad de transporte aumente para impulsar el crecimiento renovable en toda la comunidad autónoma: Andalucía se ha marcado el objetivo de cubrir al menos el 45% de los objetivos que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que plantea la incorporación de 57.000 nuevos megavatios de renovables en España para el horizonte de 2030. Y Cádiz puede jugar un papel crucial en ese objetivo por sus características en cuanto a radiación solar y la presencia de viento.

El impulso a las renovables es uno de los frentes a los que apunta el consejero de Hacienda como claves para la sostenibilidad a largo plazo del Estado del Bienestar. Pero Bravo detalló otros durante su exposición. El primero de ellos, el equilibrio en las cuentas públicas, sobre el que hizo una crítica a “los Presupuestos que nos dejaron” –el PSOE–, que no cumplieron la regla de gasto, el límite de deuda ni el déficit. “Y siendo esto grave quizás es más grave la solución que nos dan: un préstamo para pagar la deuda. Hemos dicho no”, remarcó el consejero. Frente a ello, “hemos establecido un Presupuesto de 2020 con un déficit cero”.

Controles

Dos días después de conocerse la sentencia del caso ERE, el responsable de Hacienda ha destacado durante su exposición la puesta en marcha de controles en la Administración que “aportan seguridad a los empleados públicos y evitan el colapso que vivía esta Administración por el miedo a las investigaciones judiciales”. En ese sentido, se ha publicado una orden que establece el procedimiento para conceder apoyo financiero autonómico “con procesos que deben tener publicidad, transparencia y concurrencia”, se ha creado una base de datos con todos los préstamos reembolsables concedidos por la Junta y se ha desarrollado el régimen jurídico de la gestión de las recuperaciones, ingresos y cobros de esos préstamos. “Ese control no estaba hasta ahora ¿Por qué no? No lo entendemos”, remachó.

La apuesta por la atracción de inversiones también incluye la reivindicada simplificación de trámites administrativos, para la cual se ha creado la figura del project manager (director de proyecto), que se pondrá en marcha antes de mediados de enero. Será un interlocutor único en la Junta para los inversores, con el objetivo de acelerar los ritmos de sus proyectos. La digitalización de la Administración será otro de esos hitos, como también la auditoría operativa del sector público instrumental.

“Una fiscalidad más justa” ha sido otra de las claves expuestas por el consejero para atraer la inversión. Bravo ha resumido las medidas puestas en marcha: bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, reducción de la escala autonómica en el IRPF y mejoras en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Y se quiere seguir ampliando la reforma fiscal, pero esta está vinculada al cambio del sistema de financiación autonómica. El debate vuelve a estar abierto y Bravo esperó “que los que están en Madrid no olviden los 4.000 millones que pedían”. “No es justo que Andalucía, Murcia y Valencia tengan peor financiación por habitante”, denunció, reclamando la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Pedimos lealtad, nosotros la vamos a tener”, apostilla.