Si tiene previsto denunciar un asunto ante el Juzgado de lo Social de Algeciras, ármese de paciencia. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta mostró ayer su preocupación por el colapso que sufre este orden jurisdiccional tras tener constancia del importante retraso que acumulan los señalamientos en toda la provincia. En el caso de Algeciras, como han denunciado de forma reiterada los jueces de la ciudad, el único juzgado de lo Social y que cubre a toda la comarca, está fijando las vistas orales para octubre de 2021.

La situación dista de ser mejor en otros puntos de la provincia, donde los graduados sociales dicen tener constancia de señalamientos a cuatro años vista, hasta octubre de 2022. A la falta de medios materiales y de instalaciones judiciales dignas, se suma la carencia de personal, tanto jueces y magistrados como técnicos y administrativos, que provocan “esta situación de bloqueo, debido a la acumulación de casos pendientes”.

En el caso de Algeciras, el partido judicial se encuentra a la espera de que se cree efectivamente el segundo Juzgado de lo Social, algo previsto para el 30 de noviembre, junto con un quinto Juzgado de Instrucción que asumirá las funciones de Juzgado de Familia. En ambos casos, la Junta de Andalucía habilitará los espacios físicos.

El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández, reclama un plan de choque para corregir esta situación “que desborda el vaso de la paciencia de todos los operadores jurídicos y actores, y muy especialmente de los justiciables”.

“La Justicia Social aborda cuestiones de gran importancia para los ciudadanos. Hablamos de temas muy sensibles, pensiones de viudedad, reclamaciones de cantidades, despidos o situaciones de invalidez que no pueden demorarse eternamente en los juzgados. Cuatro años de espera para un señalamiento judicial es una situación que nos tiene que llevar a una reflexión sobre la poca eficiencia del sistema y su impacto en la sociedad”, alertó.

La solución pasa, en su criterio, “no solo por más medios materiales y de personal, sino por la verdadera especialización de jueces, que puedan resolver con la esperada diligencia en tiempo y calidad de sentencias”, según el presidente de estos operadores jurídicos.

Los retrasos de años en señalamientos producen situaciones “difíciles de comprender por quienes son los administrados finales de la Justicia Social y toda la cadena de valor del sistema, incluidos no solo los operadores jurídicos, sino también peritos y otros actores implicados en los procedimientos judiciales”.