El Gobierno de España, a través de su Subdelegación en Cádiz, ha salido al paso de las críticas vertidas por el alcalde algecireño, José Ignacio Landaluce, quien este sábado anunció que presentará una protesta formal ante el Ministerio del Interior y ante el Mando Único Operativo de Coordinación de las Actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular por el traslado a Algeciras de un grupo de migrantes que llegó en una Zodiac hasta Almería el pasado 31 de marzo. El ejecutivo sostiene: “No es cierto que ni mando de coordinación ni Guardia Civil realicen estos desplazamientos en los términos en los que relata el alcalde de Algeciras, sino siguiendo un protocolo”.

Dicho procedimiento, siempre según la versión del Gobierno, es el siguiente:

1. a) los migrantes llegan a puerto y son atendidos por Cruz Roja que les hace un primer triaje sanitario, en virtud del convenio costeado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
2. b) Pasan a disposición de la Policía Nacional, quien dispone de 72 horas para realizarles la identificación y reseña.
3. c) Una vez finalizada la actuación policial, pasan a disposición de la Secretaría de Estado de Migraciones (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), que los deriva a alguna plaza disponible de las más de 5.000 que tiene concertadas en el Sistema Nacional de Acogida a lo largo de todo el territorio español.

“La Guardia Civil y el Mando de Coordinación actúan en los primeros momentos del procedimiento, hasta que los inmigrantes están bajo custodia de Policía Nacional”, explica el comunicado. “Por tanto, no es cierto que ni mando de coordinación ni Guardia Civil realicen estos desplazamientos en los términos en los que relata el alcalde de Algeciras, sino siguiendo el protocolo anteriormente descrito”.

“Tras la experiencia vivida en las costas gaditanas en verano de 2018, el alcalde de Algeciras debería conocer perfectamente este procedimiento”, sostiene el Ministerio del Interior. “O poco aprendió de entonces, o realiza este tipo de discursos a propósito, para confundir y con la única finalidad de atacar al Gobierno de España. Le pedimos responsabilidad para no fomentar los discursos insolidarios”.

“Durante el verano del 2018 fueron las costas de Cádiz las que experimentaron una llegada masiva de inmigrantes irregulares”, recuerda. “La rápida actuación del Gobierno de España, construyendo un CATE en Crinavis con capacidad para 500 personas y concertando otras 500 plazas en Campano (Chiclana) para el sistema de acogida permitieron que desde el mes de agosto, la presión migratoria fuese gestionada con mucha más solvencia”.

“Durante ese tiempo, fueron muchos los municipios y provincias que demostraron su solidaridad y abrieron sus instalaciones polideportivas de manera desinteresada. Tal fue el caso de Cádiz, Jerez, Tarifa, Barbate, San Roque, Los Barrios o el mismo Algeciras (ésta fue la última en incorporarse a esta red de solidaridad, cuando ya estaban acogiendo inmigrantes y al límite de sus posibilidades el resto de localidades).", sostiene el comunicado.

"Igualmente, todas las ciudades españolas en las que se ubican plazas del Sistema de Acogida recibieron en su momento (y lo siguen haciendo en la actualidad) inmigrantes, siendo la que más, Chiclana con el centro de Campano. Ninguna de ellas se ha quejado en ningún momento”, detalla.

“El Gobierno de España, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras han mantenido siempre una buena relación de lealtad, en este y en otros muchos temas, y deseamos que siga siendo así”, agrega.

“Aunque la incidencia de la inmigración es mucho menor que en 2018, actualmente es la provincia de Almería la que está experimentando una mayor presión migratoria. Por tanto, al igual que entonces fueron Algeciras y la provincia de Cádiz en su conjunto las que recibieron la ayuda y solidaridad de todo el territorio español, es de justicia devolver y demostrar esa solidaridad y que Algeciras, al igual que el resto de ciudades españolas, dispongan de plazas vacantes del sistema de acogida, cuyo coste es asumido íntegramente por el Gobierno de España”, finaliza.