El Ayuntamiento de Málaga y también el de Sevilla han decidido impulsar iniciativas similares para que las administraciones autonómica y estatal les otorguen competencias para implantar la llamada tasa turística. Hasta aquí llega el consenso de todas las fuerzas políticas. Las ciudades son las receptoras directas de los visitantes y parece lógico que a ellas les corresponda la decisión de cómo afrontar los problemas que puedan derivarse de una estancia masiva de viajeros. La limpieza, la movilidad, la seguridad o el impacto ambiental -como, por ejemplo, los ruidos- son consecuencias negativas que en numerosas ocasiones trastornan la vida de los residentes en los núcleos de población que sufren las avalanchas turísticas. El Consistorio malagueño estima que, de aplicarse un canon de 1 ó 2 euros por pernoctación, podría ingresar unos 5 millones de euros al año. Sevilla estima que 7. Pero estamos ante un debate recurrente que finalmente se suele sustanciar en un marco ideológico: nuevos impuestos como opción de izquierdas y menos impuestos como fin para la derecha. La moción aprobada en Málaga partió de Unidas Podemos. El PP respalda que el ámbito de decisión sea municipal, pero rechaza la tasa porque entiende que puede proyectar mala imagen. Desde la ciudad hispalense es el alcalde socialista el que pretende llegar hasta el final. La tasa en España ya es una realidad en Baleares o Valencia. Y en Europa, importantes ciudades turísticas como París y Florencia también la aplican, sin que se haya resentido su atractivo. El turismo es una gran fuente de ingresos y de trabajo para Andalucía. Pero en España los ayuntamientos son el eslabón más débil en el reparto de la financiación y asumen facturas que no les corresponden. De ahí que sea oportuno que se les permita la última palabra sobre unas herramientas económicas que deben tener un fin concreto y específico y que deben acordarse con los sectores implicados para eliminar cualquier connotación negativa.