Andalucía ha sido siempre la zona de España en la que el calor ha golpeado con mayor fuerza. Pero sería negarse a la evidencia no admitir que durante los últimos años los episodios de altas temperaturas se han prolongado en intensidad y duración. El fenómeno del calentamiento global ha hecho que el verano se haya alargado metiéndose en el calendario oficial de la primavera y del otoño. Esta situación, sobre la que la comunidad científica lleva décadas advirtiendo, comporta cambios que obligan a las administraciones más pegadas al territorio a adoptar medidas que permitan controlar los efectos adversos del calentamiento global, ya que revertirlos sólo está en manos de una decidida política mundial de reducción de las emisiones de CO2 que no parece ni fácil ni cercana. Uno de los efectos que ya se están notando con una intensidad que alarma es el de los incendios forestales, que, si bien han sido una constante histórica en los meses más secos y tórridos, están alcanzando una frecuencia, una intensidad y una virulencia con pocos precedentes. En Andalucía los dos incendios ocurridos en lo que llevamos de verano en la sierra de Málaga o el historial que acumulamos el año pasado, con tres de los siniestros más graves de todos los que se produjeron en España, dan una idea clara de la trascendencia del fenómeno. Las políticas forestales adquieren, en este contexto, una importancia primordial. El abandono de los montes, la retirada de la ganadería extensiva o la falta de inversión en limpieza y mantenimiento de las grandes masas de vegetación son factores coadyuvantes para que los incendios alcancen la violencia que estamos viendo en los últimos tiempos. Se ha dicho siempre que los fuegos del verano se apagan en invierno con trabajos de limpieza y mantenimiento en los bosques. Esta realidad se hace ahora más evidente que nunca: las políticas medioambientales no pueden ser la hermana pobre de los Presupuestos y la Junta de Andalucía tiene la obligación de actuar en consecuencia.