El Gobierno, obligado a negociar los remanentes

Los ayuntamientos deben responder a esta pandemia. Es absurdo que decenas de miles de millones de sus ahorros continúen inmovilizados en los bancos

La polémica por el dinero de los remanentes de los ayuntamientos lejos de comportarse como una serpiente propia de agosto amenaza con crearle un serio problema político al Gobierno. Puede estrenarse con una sonora derrota en el arranque del nuevo curso político en septiembre. A día de hoy, el decreto-ley para validar el acuerdo alcanzado por la mínima con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sería rechazado por el Congreso en su obligada tramitación. Regidores de hasta nueve formaciones políticas distintas ya han comunicado su rechazo al pacto con la FEMP y su negativa a cederle sus fondos al Ministerio de Hacienda. Un préstamo voluntario a cambio de recibir ese mismo importe en diez o más años. La complicada operación financiera de ida y vuelta proporciona la ventaja a los consistorios de que el dinero recepcionado como transferencia ya no computaría como déficit y podrían invertirlo sin desequilibrar sus cuentas. Ahora mismo, la Ley Orgánica de Estabilidad de 2012 lo impide. Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez obtiene sin necesidad de acudir a los mercados unos 15.000 millones de euros, que devolvería en cómodos plazos y con intereses a la carta. Pero la rebelión de los alcaldes obliga al Ministerio de Hacienda a reanudar una negociación que cerró en falso. Lo lógico sería utilizar un procedimiento de urgencia para modificar las normas que, por exigencias de la Unión Europea, se aprobaron y que impiden a la Administración local disponer de sus propios ahorros. Los ayuntamientos, dentro de sus competencias y por la cercanía a los problemas que afrontan los ciudadanos, precisan dar una respuesta inmediata por los daños causados por la pandemia. Resulta absurdo que decenas de miles de millones permanezcan inmovilizados en los bancos. Pero si esa alternativa dilatara en demasía los plazos, el decreto-ley promulgado puede tramitarse en la Cámara como proyecto y ser objeto de todas las enmiendas necesarias. Para ello, habría que exigir a los partidos que ahora se oponen que demuestren que su interés va más allá de aprovechar el malestar generado para desgastar al Gobierno.

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