La escalada de precios, iniciada como consecuencia de los desajustes de oferta y demanda provocados por la pandemia de Covid-19 y agravados por la criminal invasión de Rusia en Ucrania, ha provocado una serie de decisiones en política monetaria en todo el mundo -subidas de tipos de interés y restricción de la liquidez sin límite que existía- que han derivado en una alarma económica. En Europa, la decisión del pasado jueves del Banco Central Europeo (BCE) de anunciar el fin del programa de compra de deuda soberana y la subida de los tipos en un 0,25% a partir de julio, con otra subida prevista en septiembre de al menos otro cuarto de punto, provocó que las primas de riesgo de los países más endeudados en la Eurozona, entre los que lamentablemente está España, dispararan el crecimiento sostenido que ya tenían. La Reserva Federal de EEUU confirmó ayer la subida más dura: 0,75 puntos. Los mercados, que anticipan esas decisiones, ya habían reaccionado con bajadas muy importantes por temor a una recesión. No es exagerado decir que la tormenta perfecta creada por dos shocks externos nos sitúa ya ante una alarma económica, por más que el Gobierno de España mantenga un discurso triunfalista. Prueba de ese contexto de alarma es la reunión de urgencia que celebró ayer el Consejo de Gobierno del BCE para atajar una futura crisis de deuda por las subidas de las primas de riesgo. Tomó la decisión de poner en marcha un nuevo mecanismo para poder actuar sobre la deuda de los países que no logren colocar sus bonos o sólo puedan hacerlo a precios inasumibles. Se trata de una medida no aplicada antes y que quiere combinar con la retirada de liquidez. Está por ver qué conlleva en la política económica de los países que se beneficien de ese mecanismo. Los mercados no sólo ven estancada la recuperación sino que atisban un riesgo cierto de recesión. Por ambos motivos, el Gobierno español ha de tomar conciencia del momento crítico actual y asumir que tendrá que tomar decisiones más pronto que tarde.