Entre 2021 y 2027, España gestionará 140.000 millones de euros de la UE, destinados a proyectos con los que afrontar la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia. Ese maná debe servir para que administraciones y empresas desarrollen grandes inversiones bajo el signo de la sostenibilidad, tanto desde la perspectiva ambiental como de la rentabilidad social. Los antecedentes, sin embargo, no son buenos. España se sitúa a la cola de Europa en cuanto a la aplicación de los fondos del anterior Marco Financiero Plurianual (2014-2020) y se han producido escasos cambios normativos -como en la Ley de Contratos del Sector Público- y de procedimiento que permitan ser optimistas sobre una mejora en el aprovechamiento de dichas ayudas. Lo urgente, una vez más, se ha impuesto a lo importante.

En este contexto, la campaña contra el Gobierno abierta en Bruselas por la dirección nacional del PP es tan inoportuna como endeble de argumentos. La asignación de los fondos está sujeta a tres criterios objetivos (impacto de la pandemia en la riqueza de cada comunidad, en el desempleo y en el desempleo juvenil, más una ayuda adicional a Canarias como territorio ultraperiférico) con la circunstancia añadida de que la comunidad más beneficiada hasta ahora es Andalucía, gobernada precisamente por el PP junto con Cs. Además, hay que tener en cuenta el volumen de proyectos presentados por las administraciones: entre ellos figuran los del Ayuntamiento de Algeciras en torno al desarrollo del Llano Amarillo o la depuración de aguas que dará paso al Lago Marítimo; los de Los Barrios para generar una zona de bajas emisiones en Palmones y adquirir un autobús eléctrico, o los de La Línea, con el fin de seguir creciendo como ciudad de los peatones.

Las acusaciones de brocha gorda y el relato apocalíptico con los que Pablo Casado se ha lanzado a competir a la par con Díaz Ayuso, en el seno de su propio partido, y con Vox, le hacen perder credibilidad. Cuando se habla de arbietrariedad en el reparto de las ayudas, por cierto, conviene recordar que los Gobiernos de Aznar construyeron buena parte de la M-40 madrileña con fondos de la UE asignados a España gracias al enorme peso que en ella tenían las regiones Objetivo 1, como Andalucía, con un PIB inferior al 75% de la media comunitaria.

Si el PP quiere hacer una oposición real y constructiva al Gobierno debiera presentar alternativas para mejorar la aplicación de los fondos de la UE, servirse de los modelos de gestión de sus presidentes y alcaldes para ponerlos como ejemplo y, fundamental, no olvidar que las elecciones no se ganan por los extremos, sino por el centro.