Editorial

Lo que interesa a Andalucía

ANDALUCÍA se juega en los próximos días buena parte de su futuro inmediato con la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica: España también. Hasta ahora, la propuesta que apoyaba la Junta de Andalucía era la que el anterior vicepresidente de Economía, Pedro Solbes, presentó en el mes de diciembre, y que básicamente sustentaba el reparto de los fondos en función de la población de cada comunidad autónoma. Era una buena fórmula que intentaba acortar las diferencias de recursos que reciben en la actualidad las comunidades, lo que en parte beneficiaba a las regiones con mayor renta per cápita, las llamadas ricas, pero a la vez declaraba como uno de sus principios la igualdad entre los españoles. Sin embargo, fue la presión de Cataluña lo que obligó a Rodríguez Zapatero a posponer un acuerdo que ahora ha quedado en manos del vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, y en especial de la vicepresidenta de Economía, Elena Salgado. El Gobierno de la Generalitat ha jugado bien sus cartas, sabedor de la debilidad parlamentaria del PSOE, y parece haberse retirado con una fórmula aceptable para sus intereses. En principio no se puede objetar nada en contra de que Cataluña o Baleares salgan beneficiadas del sistema, puesto que partían de una leve infrafinanciación en el caso catalán que era mucho más grave en el balear. El problema reside en que el Gobierno central haya cambiado sustancialmente las reglas del sistema de Solbes, de modo que se prime a las comunidades que tienen una renta per cápita más alta. Cabe otro riesgo: que sin cambiar los principios generales, introduzca modificaciones que alteren el conjunto global. Por eso es importante que la Junta de Andalucía no sólo conozca esta semana cuáles son las nuevas reglas, sino que también las cuantifique, que las traduzca a dinero. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, está obligado por su propio compromiso a rechazar el sistema si es perjudicial para Andalucía. Pero de lo que aquí se trata no sólo es de un problema andaluz o gallego o extremeño, sino español. El Gobierno de Rodríguez Zapatero no puede aprobar un sistema que signifique un nuevo distanciamiento de Cataluña respecto al resto del país y que suponga a medio plazo la ruptura del principio de igualdad entre los españoles por mucha tranquilidad que le aporte al presidente en el Congreso.

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