Cinco, cinco son los colores o tonalidades que muestran en un mapa interactivo la tasa de desempleo en España. Todo se resume a una suerte de mezclas entre dos colores básicos, el amarillo y el rojo. El secreto se encuentra en el porcentaje de cada uno de ellos. Si el amarillo es altamente dominante en la mezcla, la tasa de desempleo está por debajo del 10%; en cambio, si es el rojo el dominante, estamos ante un desempleo superior al 30%. Entre unos y otros encontramos tonalidades de amarillos algo más intensos o de rojos algo menos intensos.

En esta imagen de colores destaca nuestra provincia de Cádiz, y no precisamente por su tonalidad amarilla, todo lo contrario.

Llegados a este extremo, no creo conveniente reiterar las cifras de desempleo de nuestra provincia. Los síntomas y el diagnóstico están definidos, pero el tratamiento no llega a ser efectivo.

Han sido y son muchos los planes iniciados por las diferentes administraciones, todos ellos cargados de las mejores intenciones, pero siguen imponiéndose la crudeza y frialdad de las cifras y porcentajes.

El último Consejo de Ministros ha aprobado un ambicioso Plan de Choque por el Empleo Joven para los años 2019-2021. Estoy convencido que dará sus frutos, pero para que sea efectivo es necesaria la presencia de un elemento básico, el tejido empresarial. Si éste no existe o es reducido, difícilmente tendrá necesidad de contratar y beneficiarse de los objetivos de tan loable plan.

La provincia de Cádiz quizás se merezca un plan diferente, un plan donde se estimule la creación y/o instalación de empresas, un plan que beneficie al productor y no al producto, un plan que ayude en el gasto y no necesariamente en la inversión.

En definitiva, un tratamiento diferente, un tratamiento de aplicación exclusiva en ciertos territorios, un tratamiento dirigido a actividades económicas no cautivas en la zona.

Este hipotético plan podría ser rechazado de facto por incumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y más concretamente por ser contrarios a los artículos donde se recogen las normas comunes sobre competencia y fiscalidad. Lógicamente salvo mediar autorización expresa de las Autoridades de la Unión.

En cambio, este plan sí podría ser una realidad si es respetuoso con lo regulado en el Reglamento de UE 1407/2013 de la Comisión, también conocido como el Reglamento de minimis.

En síntesis, este Reglamento establece unas limitaciones respecto a la cuantía de la ayuda, periodo, sector, tamaño de la compañía, etc…

Permítanme un alto en el camino. En noviembre del año 2017 participé como ponente en la XXI Conferencia de la Asociación de Zonas Francas Iberoamericanas en Tenerife. Mi primera ponencia versaba sobre las ventajas en las Zonas Francas y compartían panel conmigo representantes de Marruecos y Latinoamérica. Fue ciertamente complejo, sus ventajas eran al productor y al producto. Finalicé de la manera más honrosa posible, pero con la firme idea de averiguar algo más de sus ventajas.

Como cualquier ciudadano, introduje en un buscador el término “zona franca” y luego en francés “zone franche”. Para mi sorpresa el buscador me mostró un nuevo término “zone franche urbane,” y además en la Unión Europea.

Este concepto no tiene relación con aduanas, podrían haberlo definido como “zona especial”, o cualquier otro término. Sin embargo, la suerte de usar el término “franca” me permitió llegar a ellas.

Pues bien, las zonas francas urbanas son un plan de acción para una zona concreta, donde se beneficia al productor a través de reducciones en sus impuestos y, por encima de todo, en el marco del Reglamento de minimis. Y, por ende, cumpliendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión.

Este modelo lo tienen activo Estados miembros de nuestro entorno, como por ejemplo Italia, donde, en su última actualización de abril de 2018, incluye hasta diez zonas de acción; Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, etc… Estos planes no pueden ser vistos o interpretados bajo el concepto de “barra libre”. Los condicionantes exigidos son rigurosos, buscando su efectividad y la no alteración del mercado interior de la Unión. Están dirigidos a pymes, a sectores concretos y no cautivos de la zona a la que va destinada el plan, etc…

En definitiva, un posible tratamiento para nuestra provincia, un tratamiento quizás complementario a los existentes, un tratamiento que pueda descubrir el secreto de la mezcla de colores, revertiendo la intensidad de estos.

Jesús Otero es CEO de Europea Group, Patrono de la Fundación para la Difusión del Conocimiento y el Derecho Aduanero.