Tribuna

José Chamizo de la Rubia

Presidente de Sevilla Acoge y de Voluntarios por Otro Mundo

Volver a empezar, otra vez: CIE

"Buscar alternativas, si fueran necesarias, a estos lugares de detención más parecidos a una cárcel que a otro lugar, es un deber ético de las personas que hoy gobiernan y un derecho de la ciudadanía a rechazarlos"  

Ilustración Ilustración

Ilustración / Daniel Rosell

La palabra dignidad hace referencia, según el Diccionario de uso del español de María Moliner, a la “cualidad de las personas por la que son sensibles a las ofensas, desprecios, humillaciones o faltas de consideración”. Si atendemos al significado literal del vocablo encontramos que la historia de las migraciones en España puede ser calificada con cualquier término menos el de digna. Es cierto que millones de personas, tras superar muchos obstáculos, han dignificado sus vidas, aunque de pronto parece que todo haya desaparecido.

Si olvidamos el pasado –solo por cuestión de espacio- en el que han estado presente la explotación laboral, el maltrato legal, el desprecio cultural, la suspicacia, la sospecha permanente, el ser, en definitiva, culpables o responsables de algunos problemas sociales, nos encontramos en el presente que la realidad para la vida digna de cualquier persona se ha endurecido, mucho más para la población inmigrante.

Por medio caben acusaciones cruzadas sobre comportamientos erróneos de las personas que proceden de otros países. No lo vamos a ocultar, aunque en el fondo de esos aspectos negativos esté la imposibilidad de conseguir una situación legal adecuada a cada persona.

Tampoco vale repetir que la mayoría de éstos van de paso, que su meta en muchísimos casos es Europa. Volver a repetir los viejos argumentos produce cansancio, pero aquí están algunos de ellos: vienen a buscarse la vida porque es imposible hacerlo en sus países de origen; están aquí después de jugársela y en muchos casos de perderla en el intento; vienen porque tienen derecho a intentarlo como dice el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; su presencia aporta riqueza en provincias agrícolas como Almería, Huelva y Jaén, quieran o no reconocerlo; aportan más calidad de vida a personas ancianas, en toda Andalucía, así como a otros sectores; el número no es tan alto como dicen si tenemos presente que la población rumana es la mayoritaria, 1.074.868, y tienen ciudadanía europea; en el Régimen General hay 2.300.858, y en el Régimen de Libre Circulación UE, 3.501.088,personas. El número de ciudadanos europeos en España ha ido ascendiendo; sin documentación desconocemos el número por razones obvias, pese a que hay gente que se atreve a dar cifras; en fin, para qué continuar si lo sabemos. Otra cosa es que lo aceptemos y valoremos.

"Las respuestas a estas personas son dramáticas y no siempre basadas en los derechos humanos"

Las respuestas a estas personas son dramáticas y no siempre basadas en los derechos humanos: cumplimiento de la Ley de Extranjería, y, al cometer una infracción administrativa, encierro en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Sobre la ley poco hay que añadir, antes nos ayudaban las directivas europeas, ahora se han vuelto en contra de este colectivo. La ley preveía la creación de estos establecimientos y el Real Decreto 162/2014 marcó su funcionamiento interno. La ley debe ser reformada en profundidad y también el reglamento. Se han hecho en esta legislatura iniciativas importantes de cara a los menores y extutelados, pero si no cambiamos ya el reglamento, también para los adultos, volveremos al punto de partida. El ministro del ramo lo ha anunciado, esperemos que cumpla su palabra humanizando una norma que va contra los hombres y mujeres que solo aspiran a una vida algo mejor.

"Un CIE es una especie de limbo jurídico al que se llevan a las personas extranjeras procedentes de países pobres, para poder expulsarlas no se sabe cuándo"

La polémica sobre los CIES ha vuelto después de la pandemia con el proyecto de construcción de uno nuevo en Algeciras con un presupuesto de más de veinte millones  de euros y lo que venga luego. Creo que nuestra comarca tiene unas necesidades más perentorias. Un CIE es una especie de limbo jurídico al que se llevan a las personas extranjeras procedentes de países pobres, para poder expulsarlas no se sabe cuándo, aunque el límite legal es de sesenta días. La contradicción de esta decisión ministerial quedó clara en el comunicado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Algeciras:

“Los CIE han estado cerrados durante meses, periodo en el cual no se han llevado a cabo internamientos ni expulsiones, demostrando claramente que otra gestión del fenómeno migratorio es posible. La situación de cierre de fronteras y diversos informes de distintos órganos y entidades, así como autoridades sanitarias, advertían al Ministerio del Interior sobre la ilegalidad de estos internamientos o sobre los riesgos de contagio que implicaba mantener a personas retenidas en los CIE. Durante este tiempo, no se han llevado a cabo reformas de ninguna naturaleza que hayan supuesto un cambio en las condiciones de internamiento para que ahora se entienda que sí se garantizan los derechos más básicos.” (Comunicado de la Asociación APDHA del 13-X-2020).

Buscar alternativas, si fueran necesarias, a estos lugares de detención más parecidos a una cárcel que a otro lugar, es un deber ético de las personas que hoy gobiernan y un derecho de la ciudadanía a rechazarlos. 

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