Alberto Rodríguez

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Patriotas

Ferrovial elige un país en el que se pagan muchos menos impuestos con la excusa de la búsqueda de seguridad jurídica

Ferrovial acaba de anunciar el traslado de su sede fiscal a Países Bajos desatando un auténtico revuelo en el seno del Gobierno y entidades de todo tipo. El argumento esgrimido por la empresa no es otro que la búsqueda de "seguridad jurídica".

Por descontado, Ferrovial ha elegido un país en el que se pagan muchos menos impuestos y que, a las claras, ejerce un descarado dumping fiscal en el seno de la Unión Europea. Se ve que Francia o Italia también deben ser una suerte de "infiernos jurídicos", a juicio de la gran constructora, y prefieren elegir al país cuyo primer ministro movió cielo y tierra para que a España no se le concedieran ayudas durante la crisis del coronavirus.

Ferrovial, que ha exprimido al Estado durante más de 25 años junto a otras cinco grandes compañías que amañaban y se repartían contratos públicos, ahora busca la misma seguridad jurídica que se pasaba por el arco (de medio punto) cuando se lucraba de una forma absolutamente indecente a costa de todos los españoles.

Está claro que las grandes empresas solo se mueven por el dinero. Sus dirigentes suelen dar declaraciones en las que apelan al patriotismo y a la necesidad de hacer país... para que ellos puedan seguir navegando en yates y repartiendo las migajas a sus trabajadores.

Pero Ferrovial no es la única firma que tributa fuera de España. Fíjense en muchos de los apuntes bancarios de empresas como las que nos sirven los contenidos de streaming que también pagan sus (pocos) impuestos en Países Bajos (NL) o Bélgica (BE). E incluso en los youtubers que dicen trabajar generando contenidos y que se mudan a Andorra para evitar que el fisco español les coja por banda pero, cuando se tuercen un tobillo, acuden al hospital español más cercano en busca de un vendaje que no han pagado.

El Gobierno lo tendría muy fácil para poner freno a una posible fuga de empresas a Países Bajos. Ninguna administración pública española debería poder contratar a empresas que no tengan una sede fiscal en España. Pero no una sede menor, sino la matriz.

Así se acabaría con la codicia de empresarios sin escrúpulos que anteponen sus cuentas de resultados a la contribución al país al que le deben prácticamente todo. No todo vale para hacer caja.

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