El fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, ha vuelto a poner esta semana el dedo en la llaga al desvelar en Europa Sur su propuesta para que tanto el transporte como la posesión de gasolina de forma ilegal deje de ser considerada una mera infracción administrativa y pase a ser un delito. Cisneros alude a la existencia de un "vacío legal" que permite a las redes del narcotráfico del Estrecho trasegar con ingentes cantidades de combustible, destinadas a sus embarcaciones, sin temor a ser perseguidas penalmente. Hoy por hoy, esconder en un garaje decenas de petacas de 25 litros repletas de gasolina o transportarlas en una embarcación acarrea únicamente el pago de una multa, un hecho que para esas mafias representa calderilla. El volumen del negocio que manejan es tal que son pérdidas asumidas de antemano. El fiscal jefe propone, en concreto, que esos hechos sean constitutivos de un delito de imprudencia, de tal forma que aunque no se pueda demostrar una relación directa del combustibe incautado con el narco, sí haya una pena de cárcel.

Su reflexión es compartida por los responsables locales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, situados en la primera línea de batalla contra las drogas. La misma reflexión de Cisneros fue expuesta públicamente el 12 de octubre del año pasado por el coronel Jesús Núñez, cuando era jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, sin que desde entonces se hayan dado aparentemente pasos para llevar a cabo la necesaria reforma del Código Penal. Algo similar pasó con las lanchas planeadoras, prohibidas desde 1995 por Gibraltar. En España tuvimos que esperar muchos años, hasta 2018, para que dejásemos de verlas navegando a sus anchas. Mediante decreto de Interior se las puso al margen de la ley, salvando así los prolongados debates técnicos librados entre tres ministerios.

El poder político, ya sea el Ejecutivo o el Legislativo, no puede hacer oídos sordos a voces tan autorizadas como las citadas ni caminar tres pasos por detrás de demandas tan importantes. Bien saben todos que no se puede trivializar con el tráfico de hachís y sus consecuencias, no solo porque sus efectos nocivos sobre la salud están más que demostrados, sino porque -entre otros muchos motivos- las redes criminales generan en su entorno geográfico una perniciosa dependencia social y porque, de la misma forma que trafican con grifa, esas mafias sin escrúpulos son la plataforma perfecta para otro tipo de actividades delictivas sumamente peligrosas, ya sea el tráfico de drogas más duras, de personas o, incluso, de armas.

El Estado de Derecho tiene amplios instrumentos a su disposición para defenderse de todo aquellos que pretendan erosionarlo por cualquier vía. Mañana ya será tarde para tomar nuevas medidas contra el narco.