Hay una ley que debe promulgar un Gobierno cada año, y que debe a su vez determinar la política económica de dicho Ejecutivo; es de decir, cuáles son los ingresos y gastos públicos que se prevén y comprometen para un ejercicio. Dicha ley es la guía para la gestión de un Ejecutivo, y debe recoger los compromisos programáticos de éste o, dicho más genéricamente, su ideología. Tiene el mismo nombre cada año: Presupuestos Generales del Estado (PGE), y debe ser sancionada por mayoría en el Parlamento. Todo esto es teórico, porque es posible que un país esté varios años con los mismos presupuestos, prorrogados, y que incluso un Gobierno asuma unos PGE contra los que votó en su momento, cuando su partido estaba en la oposición. Resulta paradójico que los PGE del Partido Popular aprobados en 2018 sean los que estructuran, enmarcan y orientan la gestión económica del Gobierno de Sánchez e Iglesias, del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, dos partidos que en su momento, y justo antes de echar al Gobierno de Rajoy con una moción de censura, votaron encendidamente en contra de tales PGE, llamados "de Montoro", por ser el ministro de Hacienda popular quien dirigió su confección.

Inevitable recordar a Groucho con sus principios: estos son mis presupuestos, si no los apruebo, tengo otros; los de mi rival, incluso. También recuerda a aquella señora sarcástica y dueña de sus amoríos: "Chaval, yo soy abierta… pero flexible". Zygmunt Bauman calificó los tiempos que vivimos de "líquidos", o sea, un estado de cosas en los que nada es absoluto ni para siempre; todo cambia y todo es relativo. Los principios pueden esperar, y volvemos al aforismo de Groucho Marx: el anticristo liberal presupuestario del pérfido señor Burns de los dineros de la derecha, Cristóbal Montoro, vienen de cine a unas malas, o sea, si no se tiene capacidad de sacar adelante unos presupuestos propios. "Siempre nos quedarán los decretos", le dice Pedro Sánchez a su aliado Pablo Iglesias, haciéndose un Casablanca. Y qué más da. En la política líquida, desdecirse, y hasta decir lo contrario de lo que dije ayer (con la misma intensidad interpretativa) es algo habitual. En la política líquida, tragarse sapos es plato de gusto, la mentira no existe, o no es inmoral. Es sólo habitual, un recurso como otro cualquiera para mantenerse en el poder. Lo primero es lo primero. Y no es el dinero. Sánchez es un político líquido de manual. Según los últimos sondeos, la expectativa de voto del PSOE ha crecido. Los principios no cotizan, e impera la táctica sobre la estrategia.

Es evidente que la crisis sanitaria ha postergado esta ley primera y fundamental -de fundamentos para la gestión- como prioridad del Gobierno. Bueno, previamente la postergó el propio Parlamento, que abortó un proyecto de PGE "de progreso", palabra desustanciada a fuerza de manoseo y etérea seña de identidad. Las elecciones posteriores arrojaron un panorama parlamentario poliédrico donde el intercambio de estampitas con propios y extraños elevó al grado sumo a la política de Rubik: ¿este cubo quién los cuadra? La propia composición del Gobierno dice mucho de esta situación fragmentada y compelida a la negociación, lo cual no es bueno ni malo, sino todo lo contrario: es lo que es. Para muestra una comparación: mientras que el último Gobierno de Rajoy había 12 ministros y una vicepresidenta, en el gobierno vigente hay 22 ministros… ¡y cuatro vicepresidencias! Para las mismas funciones. Esta multiplicación legal y democrático, pero es una componenda organizativa se mire como se mire. No es la primera vez que en democracia los PGE son prorrogados. Sucedió seis veces antes (1978, 1982, 1995, 2011, 2016 y 2017). Nunca por dos años, eso sí. Ahora toca aprobar PGE, o convocar elecciones. Menudo fastidio.