Solemos asociar los costes de la corrupción a los derivados de los mayores recursos para llevar a cabo obras públicas y los servicios que el gobierno presta. Sin embargo, los costes económicos de la corrupción van más allá. La corrupción reduce la rentabilidad de los proyectos de las empresas cuando prestan servicios al Estado, aumenta la incertidumbre -y, por tanto, los costes-, reasigna los recursos humanos y económicos a medrar y maquinar para obtener prebendas de los gestores políticos de manera no competitiva, reduciendo, en paralelo, los recursos para diseñar y acometer los proyectos. En general, orienta la actividad de manera no competitiva, disminuyendo los impulsos de emprendimiento e innovación, porque resulta más rentable sobornar y corromper que innovar y arriesgar.

Un país que funcione con unas instituciones -públicas y privadas- que dirija los factores productivos hacia actividades que vulneran las leyes, generará menor riqueza, empleo y bienestar que si asignara esos mismos recursos a actividades productivas.

La corrupción no es un elemento aislado -como a veces se nos quiere hacer creer- de los restantes elementos que hacen funcionar al Estado.

Los niveles de corrupción de un país serán reducidos si cuenta con un conjunto de instituciones de gobierno sólidas, que sean independientes y se controlen entre ellas, si la administración de justicia cuenta con los recursos adecuados y las leyes son suficientemente claras, de manera que actúe con rapidez y eficacia, si las instituciones son transparentes y resulta sencillo a los ciudadanos acceder a la información pública y éstos tienen una cultura de participación. Estas instituciones, además, estarán obligadas a rendir cuentas periódicamente y ser transparentes.

Si las instituciones no son transparentes ni rinden cuentas -bajo la excusa, en algunas ocasiones, de la autonomía de las mismas- el terreno estará abonado para la opacidad, propiciando el incumplimiento de las normas y de la ética de funcionamiento.

La fundación BBVA y el IVIE acaban de publicar un trabajo sobre la corrupción en España, comparándola con las principales economías occidentales, siguiendo la metodología del Banco Mundial que mide la calidad de la democracia y libertades públicas, la rendición de cuentas, la efectividad en la acción de gobierno, la calidad regulatoria de las actividades económicas, el respeto a la ley y a los contratos, y el control de la corrupción.

Midiendo las variables mencionadas, España se encuentra en el percentil 81, esto es, entre el 20% de países en mejor posición a nivel mundial. Esta cifra es peor de lo que aparenta. Los niveles de productividad y de renta por habitante se encuentran, sin embargo, en el 85, esto es, significativamente superior a la calidad de las instituciones. Y la variable peor situada, es la corrupción, que aparece con un valor de 75.

Si los partidos políticos quieren de verdad reducir la corrupción en España, nunca será suficiente abordar casos singulares que vayan apareciendo. Por el contrario, una reforma general de las instituciones dotándolas de transparencia y rendición de cuentas, resulta imprescindible si deseamos mejoras permanentes y eficaces.