El Ayuntamiento de Los Barrios tendrá que abonar 21,2 millones por la quiebra de la empresa Gestión Agropecuaria y Medioambiental de Los Alcornocales, declarada en concurso de acreedores en 2012. Así lo ha dictaminado el Juzgado de lo Mercantil 1 de Cádiz, que ocho años después condena al Consistorio a devolver esa cantidad a GAMA para el pago a sus acreedores, así como obliga a Iniciativas Los Barrios a abonar otros 3 millones a la masa del concurso e inhabilita en distintos periodos de tiempo a siete exconsejeros de la sociedad municipal para administrar los bienes ajenos, así como para  representar o administrar a cualquier persona.

La sentencia de GAMA, a la que ha tenido acceso Europa Sur, sí salva al Ayuntamiento de lo que hubiera sido un duro golpe (más aún) para las arcas municipales: no tendrá que abonar los 65 millones de euros (la deuda de la liquidada con los acreedores) en concepto de indemnización por daños y perjuicios que le reclamaba la acusación. El juez considera al Consistorio cómplice en la generación y agravación del estado de insolvencia de la empresa municipal, pero considera que no existe base probatoria para determinar que los daños por valor de 65 millones fueran ocasionados por su participación. En cuanto a Iniciativas Los Barrios, el juez considera probada su contribución en uno de los supuestos de alzamiento de bienes, por lo que le obliga a devolver esos 3 millones de euros.

Con esta sentencia, aún en primera instancia, se sigue cerrando el procedimiento iniciado en 2012 al declararse el concurso de acreedores de GAMA. El administrador concursal y la Fiscalía consideraron que ese concurso debía considerarse culpable ante la gestión realizada de la empresa, que fue sometida a endeudamiento "con el propósito último de procurar financiación al Consistorio municipal", resalta el juez. La acusación apuntó a varios exconsejeros como responsables de la debacle económica de la empresa, así como al Ayuntamiento e Iniciativas Los Barrios.

El juez da la razón en la mayor parte a las acusaciones y considera culpable el concurso. Así, ve probado que la empresa sufrió una generación o agravamiento del estado de insolvencia, que hubo incumplimientos contables e irregularidades, se produjo un alzamiento de bienes en perjuicio de sus acreedores y salidas fraudulentas del patrimonio durante los dos años anteriores al concurso. También se incumplió el deber de solicitar el concurso de acreedores pese a que la situación de insolvencia de la empresa era manifiesta "al menos desde el ejercicio de 2005".

Por ello condena como cómplice al Ayuntamiento, fundamentalmente por el "incumplimiento reiterado" de sus compromisos de sostener económicamente las encomiendas de gestión de GAMA y los distintos préstamos contraídos para financiarla, no dotando los fondos necesarios para garantizar su funcionamiento. No obstante, rechaza que el Consistorio pueda ser considerado administrador de hecho de la entidad. Las decisiones, recuerda el juez, son tomadas por un consejo de administración en el que no todos forman parte de la Corporación municipal. Es ese órgano de gobierno, o más bien los diversos consejos a lo largo de los años, "los que llevaron a la quiebra a la concursada", remarca la sentencia. 

Por ello, el juez condena a siete de los consejeros que formaron parte del órgano de gobierno de GAMA. Aunque destaca por encima de todos ellos un consejero que no ha sido condenado: el exalcalde de Los Barrios, Alonso Rojas, que fue presidente del consejo de administración desde 1998 a 2009 y al que el juez considera "el consejero que más incidencia tuvo en la negligente gestión de GAMA que llevara al ente a la situación de insolvencia". Pese a ello, no se le puede considerar afectado por la calificación de concurso culpable porque cesó en el cargo más de dos años antes de la declaración del concurso de acreedores.

Le relevó al frente del consejo Ángeles Ariza, alcaldesa entre 2009 y 2010. En este caso se le imputa el incumplimiento del deber de presentar concurso y por ello se le condena a una sanción de inhabilitación de dos años.

Juan Montedeoca fue el siguiente regidor y por tanto presidente de GAMA. El juez considera demostrada su responsabilidad directa "en la salida fraudulenta de bienes de la denominada finca de Las Gertrudis". También ve una participación directa al incumplir el deber de solicitar la declaración del concurso "ya sí disponiendo de un informe que avisaba de la situación de quiebra técnica". Por estos hechos le impone una sanción de 5 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo periodo.