El juzgado que lleva el caso de las 22 familias de La Línea que iban a ser desahuciadas este jueves del edificio de la urbanización El Patio les ha concedido de plazo hasta 4 de marzo a las 10:30 para que abandonen sus viviendas. 

Con esta medida, los ocupantes de las casas ganan tiempo para solicitar ayuda y, sobre todo, para encontrar otro lugar en el que vivir. Para empezar, deben inscribirse en el registro municipal de demandantes de viviendas para conseguir una de protección oficial o una social, según explicó a este periódico la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento linense, Zuleica Molina.

"Esto nos permite busca una alternativa, estamos satisfechos y agotados", explicó una de las afectadas por el lanzamiento, situado en un grupo de tres edificios y tres casas bajas en la calle Poeta Juan Ramón Jiménez de La Línea. 

Tal y como habían anunciado lo vecinos y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en el Campo de Gibraltar, la intervención comenzó a las 10:30, cuando se estableció un fuerte dispositivo policial en la zona que no se relajó hasta primera hora de la tarde. 

El secretario judicial accedió al edificio y comenzó a hablar con todos los ocupantes, lo que le llevó unas cuatro horas. Algunos de las personas que viven estas casas cuya propiedad corresponde a una entidad bancaria no se encontraban dentro, caso de un joven que trabaja en Gibraltar. 

A todos ellos les informó de la situación y del plazo hasta el 4 de marzo a las 10:30 para que dejen libres las viviendas, en las que residen de manera irregular desde hace cinco años. La voluntad de los vecinos, afirma una portavoz, es buscar ayuda, puesto que se trata de familias en situación precaria que no pueden afrontar el alquiler normal de un piso. Hay, afirmó, madres separadas víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y enfermos de Covid-19 en aislamiento, algunos de ellos niños. 

Estas familias ya estuvieron a punto de ser desahuciadas en enero de 2020, pero entonces una acción del Ayuntamiento y de diferentes plataformas consiguió aplazar el lanzamiento, solicitado por la entidad bancaria que es propietaria del edificio.

El Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, dispone medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda. Se prorroga la suspensión de los desahucios de personas vulnerables en la vía civil que no tengan otro lugar en el que vivir -tanto por no pagar el alquiler como por término de contrato- hasta la finalización del estado de alarma (9 de mayo de 2021). Igualmente se amplían las situaciones de vulnerabilidad social y económica que pueden alegarse a otras no necesariamente derivadas de los efectos del Covid-19. El Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, prolonga estas medidas a la vía penal.

La Fiscal General del Estado emitió una Instrucción el 15 de septiembre de 2020 en la que se determina que cuando se "observe una situación de especial vulnerabilidad en las personas que ocupen el inmueble tendrán en cuenta esta circunstancia e interesarán simultáneamente que los hechos se pongan en conocimiento de los Servicios Sociales, a fin de que adopten -con carácter necesariamente previo al desalojo­- las medidas oportunas para su protección, proveyendo en su caso las soluciones residenciales que procedan".

Zuleica Molina desveló a Europa Sur que solo dos de las familias han recurrido al Consistorio –una de ellas en las últimas horas a pesar de que la advertencia judicial les llegó en diciembre- y ambas  cuentan “con familias extensas” que podrían albergarlas, al menos en las primeras horas. “Las otras veinte no sabemos ni quienes son”.

“Muchos de ellos lo que quieren es conseguir un alquiler social de las viviendas ocupadas y claro, un alquiler social son unos 50 euros y hay quien vive en un ático”, detalla. “El banco lo que pretende es recuperarlas y venderlas para amortizar la inversión que realizó, porque además son viviendas de cierto nivel”, sentenció.

El 5 de mayo de 2016 se aprobó en el Pleno de La Línea considerar a la ciudad libre de desahucios. Ese año, la lista de espera para acceder a una vivienda social superaba las 500 solicitudes. Hace seis años que la Junta de Comarca de la Mancomunidad instó a los municipios a convertirse en libres de desahucios.