La Línea Un juez ordena el desalojo este jueves de 22 familias okupas del edificio El Patio de La Línea

  • En enero de 2020 ya fue paralizado un lanzamiento

  • Una entidad bancaria reclama las viviendas, habitadas de forma irregular hace cinco años

El edificio El Patio, en la calla Juan Ramón Jiménez de La Línea El edificio El Patio, en la calla Juan Ramón Jiménez de La Línea

El edificio El Patio, en la calla Juan Ramón Jiménez de La Línea

Una orden judicial obliga a que este jueves a partir de las 10:30 sean desalojadas 22 familias okupas del edificio de la urbanización El Patio, en la calle Poeta Juan Ramón Jiménez de La Línea. Estas familias, que residen en esos domicilios de manera irregular desde hace cinco años, ya estuvieron a punto de ser desahuciadas en enero de 2020, pero entonces una acción del Ayuntamiento y de diferentes plataformas consiguió aplazar el lanzamiento, solicitado por la entidad bancaria que es propietaria del edificio.

Los okupas, a través de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en el Campo de Gibraltar han solicitado bien un nuevo aplazamiento o que le sean brindadas otras viviendas alegando que en la mayoría de los casos se encuentran bien en el umbral de la exclusión social o ya en la misma y que incluso existen casos de afectados por el Covid-19 (coronavirus) que, sostienen, se verían obligados a quedarse “en la calle”.

La concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento linense, Zuleica Molina, desvela que solo dos de las familias han recurrido al Consistorio –una de ellas en las últimas horas a pesar de que la advertencia judicial les llegó en diciembre- y que en ambos casos cuentan “con familias extensas” que podrían albergarlas, al menos en las primeras horas. “Las otras veinte no sabemos ni quienes son”.

El caso del que tiene más control la concejalía es el de una madre soltera que está a la espera de recibir el ingreso mínimo vital y que tiene tres hijos.

“Lo triste de esto es que han tenido un año para, como mínimo, inscribirse en el registro de demandantes de viviendas, que ellos saben que es lo primero que deben hacer para conseguir una vivienda de protección oficial o una social y, sin embargo, han esperado a que les hayan advertido otra vez del desahucio mediante una carta”, explica. “Y la ley dice que una familia vulnerable tiene preferencia en la lista de espera”.

“Muchos de ellos lo que quieren es conseguir un alquiler social de las viviendas ocupadas y claro, un alquiler social son unos 50 euros y hay quien vive en un ático”, detalla. “El banco lo que pretende es recuperarlas y venderlas para amortizar la inversión que realizó, porque además son viviendas de cierto nivel”.

“Otro de los obstáculos que solemos encontrarnos en este tipo de situaciones es que las casas de que dispone el Ayuntamiento, que son de Emusvil [Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de La Línea], requieren un alquiler, asequible pero un alquiler y hay quien no tiene ingreso económico alguno o no es fijo o no es suficiente para poder pagarlo”, especifica.

 

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