Nuevo giro al caso de la muerte de dos ceutíes residentes en La Línea tras una colisión con una embarcación de la Royal Gibraltar Police durante una persecución en el mar el pasado 8 de marzo. Como conclusión a un proceso de investigación, un jurado ha considerado que los agentes cometieron un homicidio doloso en la acción que provocó el fallecimiento de los dos hombres, lo que abre la puerta a la reapertura del caso, tanto por parte de la Policía como por la propia Corona. 

Según han informado Gibraltar Chronicle y la GBC, después de varias sesiones en la que los miembros del jurado han escuchado el relato de los hechos y las pruebas recabadas, el veredicto de 'unlawful killing' (homicidio doloso) significa que consideran que los oficiales a bordo del buque "incumplieron un deber de cuidado" con la tripulación de la neumática (RHIB) y que las muertes fueron una consecuencia razonablemente previsible de las acciones del barco policial. 

El jurado también mostró su convencimiento en que las acciones de uno de los oficiales contribuyeron significativamente a la muerte de los dos hombres, considerando que sus decisiones fueron negligentes y que equivalen al delito de homicidio involuntario.

De este veredicto no se deriva responsabilidad penal, ya que no se ha producido en un juicio, sino en una investigación, pero si abren la posibilidad a una reapertura del caso. En marzo de 2021 ya se concluyó que los dos agentes involucrados en la colisión no se enfrentarían a cargos criminales.  

Los dos oficiales de la RGP se encontraban a bordo de una patrullera que perseguía a una embarcación semirrígida de 14 metros de eslora en la que iban tres ceutíes y un portugués. En un momento de la carrera, la embarcación policial colisionó con la lancha fuera de las aguas que el Peñón reclama como propias. La Policía de Gibraltar explicó que la persecución a alta velocidad se originó después de que los agentes detectaran la embarcación sospechosa, que apoyaba una actividad de tráfico de drogas. La unidad marítima de la Policía de Gibraltar prestaba apoyo a las fuerzas del orden españolas en esta intervención en alta mar.

El suceso quedó bajo investigación en la Roca, pero también en España se produjo su propia actuación al judicializarse el asunto tras la denuncia interpuesta ante el Juzgado de Instrucción número 4 de La Línea de la Concepción, en donde se denunció por delito de homicidio imprudente a la Policía de Gibraltar, solicitándose que la Guardia Civil pudiera investigar el suceso, inspeccionar la semirrígida y tomar declaración a los policías. En octubre de 2020 se dictaba una orden europea de investigación por parte del juzgado español. Fruto de esa investigación en Gibraltar se determinó que  “no hay motivos” para presentar “cargos” contra los oficiales. Ahora, la Policía revisará las pruebas para determinar si reconsidera el caso.