El Parlamento Europeo plantea que agredir a policías sea un “eurodelito” y critica al Gobierno español por la muerte de dos agentes en Barbate

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este martes un informe que propone reformar el marco jurídico comunitario para que las agresiones contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean consideradas “eurodelitos” —al mismo nivel que el terrorismo o el crimen organizado— y que policías, militares, funcionarios de prisiones y agentes de fronteras y aduanas sean reconocidos como profesiones de alto riesgo en toda la Unión Europea.

El documento, respaldado por 18 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, recoge las conclusiones de la misión de eurodiputados que el pasado mayo viajó a Algeciras y Barbate para conocer de primera mano las condiciones de trabajo de los cuerpos policiales destinados en una de las zonas más sensibles de Europa en la lucha contra el narcotráfico y el control migratorio.

Aunque no se trata de una resolución oficial ni será elevada al pleno del Parlamento Europeo, el texto refleja la posición consensuada de los eurodiputados que participaron en aquella visita, impulsada tras el asesinato de dos guardias civiles en febrero de 2024 durante una operación contra narcotraficantes en Barbate.

Una reforma con obstáculos jurídicos

El informe insta a la Eurocámara, al Consejo y a la Comisión Europea a estudiar la posibilidad de incluir las agresiones a agentes de la ley en la lista de delitos de ámbito europeo. Sin embargo, la propia Comisión ya advirtió en septiembre de las dificultades legales de esa propuesta: el artículo de los Tratados que define los “eurodelitos” se limita a los crímenes más graves con dimensión transfronteriza, como el terrorismo, la trata de personas o el narcotráfico, un requisito que las agresiones individuales a policías no siempre cumplen.

Aun así, los eurodiputados piden que se avance hacia un marco común de protección y que se reconozca a estos profesionales como trabajadores de alto riesgo, lo que implicaría medidas laborales y sociales específicas: planes de jubilación anticipada, protocolos de salud mental y seguridad adaptados, y una mejora en las coberturas económicas.

Enmiendas críticas con el Gobierno español

El texto final ha salido adelante con dos enmiendas controvertidas. Una, promovida por la eurodiputada del PP Elena Nevado del Campo, critica al Gobierno de Pedro Sánchez por haber “concedido un ascenso profesional en agosto de 2025 a los responsables de la operación en la que fueron asesinados dos guardias civiles”, una decisión que, según la enmienda, se adoptó “en contra del deseo de las familias de las víctimas”.

La segunda enmienda, impulsada por los eurodiputados Fabrice Leggeri (Agrupación Nacional) y Mireia Borrás y Juan Carlos Girauta (Vox), acusa al Ejecutivo español de haber “retirado pruebas clave antes de la visita de la delegación” —entre ellas, la patrullera implicada en los asesinatos de Barbate—, algo que los firmantes califican como “un grave obstáculo para la transparencia y el objetivo de investigación de la misión”.

Los socialistas denuncian una “politización” del informe

El grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) en la Eurocámara ha rechazado el contenido del informe y ha acusado al PP y a Vox de “politizar” una misión que, según recuerdan, se concibió con fines técnicos y no partidistas.

La eurodiputada del PSOE Lina Gálvez aseguró que el texto aprobado “no refleja ni el espíritu ni las conclusiones compartidas por la mayoría de los eurodiputados presentes”, y denunció que los grupos conservadores han intentado utilizar un trabajo de campo “sobre las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad en toda Europa” para atacar al Gobierno español.

El Campo de Gibraltar se ha convertido en los últimos años en uno de los puntos más calientes del narcotráfico en Europa. La muerte de los dos agentes en Barbate, Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo, reavivó el debate sobre la falta de medios y protección de los cuerpos policiales que operan en la zona, una cuestión que la misión parlamentaria quiso evaluar in situ y que ahora coloca de nuevo en la agenda comunitaria.

Pese a las discrepancias políticas, el informe marca un primer paso simbólico hacia el reconocimiento europeo del riesgo que asumen quienes combaten el crimen organizado en el sur de España y otras fronteras comunitarias.