Convertir en delito el transporte de gasolina para el narcotráfico, una vieja reclamación pendiente

En un cuarto sin ventanas ni ventilación, en un garaje o en la parte trasera de una furgoneta. Las fuerzas de seguridad decomisan cada vez más frecuentemente grandes cargamentos de gasolina a las redes del tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar.

Junto con el hachís o el tabaco de contrabando, en las guarderías se almacenan litros de combustible por millares, en frágiles garrafas de plástico, para abastecer a los voraces motores fueraborda de sus narcolanchas o para surtir a otras mafias igualmente dedicadas al negocio de la droga.

El narcomercado de la gasolina sustenta una parte fundamental de la actividad de las redes ilegales con grandes beneficios en dinero negro y mínimas repercusiones legales. Las autoridades no pueden imputar delito alguno con el Código Penal en la mano y las detenciones se resuelven simplemente con el pago de una multa por una sanción administrativa.

El movimiento asociativo comarcal de lucha contra las drogas demanda que en 2022 el Ministerio del Interior, y el resto de departamentos implicados, aborden de una manera clara una modificación legislativa para tipificar como delito esta práctica cada vez más frecuente. "Antes de que ocurra una desgracia en una carretera con un furgón cargado de petacas o en una vivienda de la comarca. Cualquier día lo lamentaremos", apostilla el presidente de la Coordinadora Alternativas, Francisco Mena.

Durante 2020, la Guardia Civil y la Policía Nacional decomisaron hasta 77.650 litros de carburante en operaciones contra las mafias en el marco del Plan especial de lucha contra el narcotráfico, según información facilitada a Europa Sur por el Ministerio del Interior. Casi el doble en comparación con los 42.581 litros de 2019 por la mayor demanda de las redes ilegales en su búsqueda de rutas alternativas al Estrecho de Gibraltar.

La petición está sobre la mesa desde hace años. El coronel jefe de la Guardia Civil Jesús Núñezya reclamó en 2019 esta reforma normativa durante su paso por la Comandancia de Algeciras. Y la Fiscalía la incluye como una necesidad en sus memorias anuales desde 2020.

En este sentido, Gibraltar ha ido nuevamente un paso por delante de España y el pasado verano puso en marcha nuevos cambios en su legislación para endurecer las penas por esta práctica con 10 años de cárcel e incluso la cadena perpetua si, como consecuencia de esta actividad, se producen fallecimientos (por accidentes o similares).

El Peñón también fue pionero en prohibir las narcolanchas (neumáticas) en 1995. En España, el Consejo de Ministros aprobó en 2018 un Real Decreto-ley por el que quedaban prohibidas estas embarcaciones de alta velocidad, 23 años más tarde.

Singularidad y plan de empleo

No es la única cuenta pendiente que el movimiento asociativo demanda al Gobierno central para avanzar en la lucha contra el narcotráfico. "El Plan Especial de Seguridad está dando buenos resultados y estamos satisfechos con su continuidad para 2022. Pero estamos a la espera de que lleguen los 73 patrulleros para la Guardia Civil. Los vamos a contar y vamos a ser intransigentes", apunta Mena.

El presidente de Alternativas considera imprescindible que los cuarteles de San Roque, Guadiaro, Los Barrios, Jimena o Castellar junto con Algeciras y La Línea cuenten con estos vehículos reforzados. "Lógicamente, algunos irán para la provincia de Málaga y el resto de Cádiz. Pero no vamos a permitir que se distribuyan por todo el país", recalca Mena.

El movimiento asociativo estima imprescindible que se mantenga el principio de autoridad, que se vio quebrado el pasado mayo con los disturbios en La Línea tras el ahogamiento de dos personas que supuestamente participaban en una operación de narcotráfico. "El principio de autoridad es muy frágil y hay quien usa situaciones lamentables como el fallecimiento accidental de dos personas para incendiar las calles. Por eso es importante que la autoridades cuenten con los mejores medios posibles", según Mena.

También ha resultado especialmente dramática en este año la muerte en acto de servicio del funcionario de Vigilancia Aduanera José Luis Domínguez Iborra, fallecido el pasado 11 de julio después de que el helicóptero en el que iba se estrellara en una persecución contra el narcotráfico.

"Nos sigue faltando una inversión social que no acaba de llegar. Se nos prometieron 1.000 millones de euros y al margen de los 350 millones presupuestados para la Algeciras-Bobadilla, el dinero llega con cuentagotas. Es necesario un plan de empleo con incidencia especial en La Línea y Algeciras. Y de eso no sabemos nada salvo que hay un partida de 50 millones pero no se especifica si es solo para el Campo de Gibraltar", insiste Francisco Mena.

La Zona de Especial Singularidad permanece igualmente como una demanda "que debe ser resuelta ya". "Se va el año sin una propuesta sobre la mesa. Y ahora parece que todos los territorios están buscando ser singulares. La situación del Campo de Gibraltar no tiene parangón porque es el punto más cercano a Marruecos, donde se produce la mayoría del hachís que consumen 25 millones de personas en toda la Unión Europea", critica Mena, en referencia al anuncio efectuado el pasado verano por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Gobierno reconoció entonces que buscaba un marco estatal para fomentar el arraigo de los funcionarios a territorios con situaciones especiales.

"El concepto de Zona de Especial Singularidad fue incluso acuñado por el movimiento asociativo. Y ahora parece que todo el país tiene singularidad. No se puede montar al carro todo el mundo", añade.

Fondo de bienes decomisados

Una mínima parte de la ingente cantidad de dinero y bienes decomisados a las mafias del narcotráfico en el Campo de Gibraltar retornó en 2020 a la comarca en forma de financiacióndirecta para los programas preventivos de drogodependencias que desarrollan los ayuntamientos y el movimiento asociativo de lucha contra las drogas.

Apenas un 0,2% de los 19 millones repartidos por el Plan Nacional sobre Drogas volvió a la comarca como ayudas directas, tal y como reveló Europa Sur el pasado mes de junioEuropa Sur.

El movimiento asociativo comarcal insiste en que se debe flexibilizar el modelo de gestión para que se priorice a los territorios donde más incautaciones se producen, como la comarca y la provincia de Cádiz.

"Hay operaciones millonarias en intervención de dinero y bienes inmuebles casi cada día. Las viviendas podrían servir para programas de tutela de menores, mujeres víctimas de violencia machista o para atención a personas drogodependientes. Y el dinero, para mantener y reforzar el trabajo de prevención", subraya Francisco Mena.

Alternativas tiene solicitada una entrevista con el nuevo delegado del Plan Nacional Sobre Drogas, Joan Villalbí. "Tenemos que exponerle que si el narcotráfico hace daño a este territorio, los decomisos deben quedarse en este territorio también. Deben crearse herramientas para que haya fondos del Estado para Los Barrios o Puente Mayorga, que simplemente tienen vetado el acceso a este programa por no tener 100.000 habitantes. Lo mismo le pasa a La Línea y pocas ciudades hay más castigadas por el narcotráfico que esta", reflexiona el presidente de la coordinadora.

Adicciones y tratamientos

Tras el frenazo que supuso el estallido de la pandemia de la Covid-19, las asociaciones antidroga constatan que en 2021 la normalización también ha llegado al consumo de sustancias estupefacientes.

"Se han vuelto a situar en niveles y cotas de 2019. Por ejemplo, la cocaína existe y no baja. El cannabis sigue teniendo demanda y la heroína se mantiene como un consumo residual", resume Mena.

A lo largo de 2021, Alternativas ha demandado en numerosas ocasiones la reapertura de la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UDH). Un recurso público con seis camas en el que las personas adictas superan el síndrome de abstiencia como primer paso de su tratamiento en un tratamiento que se prolonga unos 40 días. Cerró en los primeros compases de la pandemia y, no sin esfuerzo y numerosas protestas, ha recobrado la actividad en octubre.

"El atasco en la UDH se ha ido solucionando porque había personas que esperaban una plaza y optaron por buscar alternativas en comunidades terapéuticas y otros recursos", comenta Mena. Además, el Centro de Tratamiento Ambulatorio normalizó por completo su actividad.

Perspectivas para 2022

Los colectivos antidroga de la comarca afrontan el nuevo año con optimismo. Las resoluciones para la financiación de los programas en 2022 por parte de la Junta han salido prácticamente todas, lo que supone dejar atrás años de impagos y retrasos. "Las líneas de financiación por adicciones, colectivos desfavorecidos, Zonas Eracis o el IRPF ya se han concedido y nos permiten trazar continuidad de los programas", apunta Mena.

Solo se está a la espera de una resolución de Andalucía Orienta para mantener las líneas de trabajo de inserción laboral y en 2022 se pondrá en marcha un centro de acceso a internet en Puente Mayorga. Igualmente se habilitarán sendas ludotecas en San Martín del Tesorillo y San Pablo de Buceite (Jimena).

"Los ayuntamientos de la comarca también realizan un esfuerzo económico que se agradece y con los que podemos acometer nuestros programas de atención y prevención con calidad y calidez", detalla Mena. San Roque, por ejemplo, financiará por completo un centro de ocio saludable como una de las iniciativas más inmediatas para el nuevo año.