Una mínima parte de la ingente cantidad de dinero y bienes decomisados a las mafias del narcotráfico en el Campo de Gibraltar retornó en 2020 a la comarca en forma de financiación directa para los programas preventivos de drogodependencias que desarrollan los ayuntamientos y el movimiento asociativo de lucha contra las drogas. 

Así se desprende de la Memoria del Fondo de Bienes Decomisados que gestiona la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, analizada por Europa Sur. En esencia, el sistema se nutre de los bienes intervenidos por tráfico de drogas (subastados tras una sentencia firme) y el dinero en metálico localizado por las autoridades conforme a la Ley 17/2003. 

El fondo contó en 2020 con una asignación para reparto de 29,5 millones de euros a escala nacional, de los que 19 millones (el 64,5%) se destinaron a la financiación de las llamadas "acciones para la reducción de la demanda" que abarcan los programas preventivos de las comunidades autónomas, los municipios y los colectivos sociales, entre otros beneficiarios potenciales. 

De este monto, según la memoria, solo dos entidades vinculadas a la comarca tuvieron acceso directo a una mínima parte del pastel: la Fundación Márgenes y Vínculos recibió una subvención de 33.870 euros y el Ayuntamiento de Algeciras, otros 22.308 euros para sendos programas preventivos. En total, 56.178 euros, el 0,19% del total del fondo estatal.

Los 10,47 millones de euros restantes (el 35,4%) fueron a parar a la línea de financiación para el control de la oferta. Esto es, para las fuerzas de seguridad que trabajan en la represión del narcotráfico.

El movimiento asociativo comarcal reclama un cambio en el modelo de gestión para que se priorice a los territorios donde más incautaciones se producen, como el propio Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz, por suponer un reflejo inequívoco del mayor asentamiento de la lacra de las mafias y, por tanto, de una mayor necesidad de acciones preventivas frente al narco.

El criterio para la concesión de las subvenciones directas se basa en un sistema territorial en el que las entidades de ámbito nacional y las capitales de provincia o grandes ciudades, sin distingos sobre el grado de afección que producen las mafias entre su población, salen beneficiadas en las convocatorias de reparto frente a la comarca, donde las aprehensiones de coches, lanchas, viviendas y dinero se producen prácticamente a diario y por abultadas cuantías.  

Un agente de la Guardia Civil registra un chalé durante una intervención antidroga.

Provincias y ciudades con un nivel testimonial de decomisos, cuando no inexistente, lograron el pasado año subvenciones nominativas mucho más elevadas que las logradas por las entidades de la comarca para financiar programas de ocio nocturno, edición de revistas o programas de radio. Fue el caso de Pamplona, con 451.115 euros, mientras que en la provincia de Navarra solo se decomisaron 7 objetos por narcotráfico el pasado año; siquiera coches, lanchas o viviendas, según la memoria.

Ávila, con 196.555 euros; Badajoz, con 160.660 euros o Córdoba, con otros 117.329 euros, superaron ampliamente en subvenciones finalistas a la comarca. Mientras, municipios como La Línea, donde la narcoeconomía supone un problema social de primer orden (y donde el grado de intervenciones de bienes es elevado) se encuentran excluidos del reparto por la propia definición del sistema.

Y en cuanto a entidades, ONG como la Fundación Acción, Bienestar y Desarrollo logró 93.884 euros o la Fundación Grupo Develop, de América Latina, tuvo acceso a una ayuda de 88.534 euros, como solo dos ejemplos sobre un total de 74 ayudas repartidas por todo el país. 

Así funciona el fondo

Al Fondo de Bienes Decomisados se envían aquellos sobre los que haya recaído una sentencia condenatoria firme. Como viene siendo habitual, Andalucía fue el pasado año la comunidad con un mayor número de decomisos, con 353, un tercio del total de todo el Estado (977). La mayoría fueron lanchas y vehículos, aunque también hubo inmuebles. En Cádiz fueron 108 bienes, con 23 embarcaciones y 51 vehículos, a su vez casi un tercio del total regional.

A escala estatal se decomisaron 20.414.264,85 euros en dinero líquido que se sumaron a los 5.382.609,83 euros logrados por las subastas. Otras vías de financiación fueron las enajenaciones directas y la generación de intereses bancarios.

En total, la mesa de coordinación acordó dotar al sistema con 31 millones de euros para 2020, de los que se reservaron 1,5 millones de euros para el funcionamiento del propio fondo junto con los ya referidos 19 millones para prevención y 10,47 para autoridades.

Los 19 millones de euros para subvenciones se repartieron a razón de 8,7 millones de euros para las comunidades autónomas (1,5 millones para colectivos antidroga de toda Andalucía), las corporaciones locales recibieron otros 4,2 millones de euros y las ONG un total de 3,3 millones de euros. El resto fue para la financiación del Plan Nacional sobre Drogas (2,28 millones), la cooperación internacional (200.000 euros) y la Federación Española de Municipios y Provincias (350.000 euros).

En porcentaje por tipología de ayudas, la subvención para Márgenes y Vínculos supuso el 1,02% de los 4,2 millones de euros para ONG y la cuantía para Algeciras, un 0,53% de la destinada a los municipios.  

Condicionantes en las bases

La razón de este desequilibrio en el sistema de reparto entre el valor de los decomisos y su reversión a la sociedad se encuentra en las bases de la convocatoria de las subvenciones, según inciden desde el movimiento asociativo comarcal. Por su redacción, las condiciones para la concesión de las subvenciones excluyen a todo el tejido asociativo campogibraltareño y a siete de los ocho ayuntamientos en una de las zonas más castigadas del país por el narcotráfico y en la provincia con el mayor nivel de intervenciones antidroga de todo el país. 

Las organizaciones sin ánimo de lucro del Campo de Gibraltar, ámbito en el que se enmarcan todas las asociaciones y coordinadoras, tienen vetado por su definición territorial el acceso directo a las ayudas cargo al fondo.

Una embarcación intervenida en la comarca.

Para las ONG, la convocatoria de las subvenciones por parte del Plan Nacional sobre Drogas se rige a escala estatal conforme a la orden SCO/3670/2007 (del año 2007). De entrada, el artículo 1 ya supone la primera barrera insalvable: "El objeto de esta orden es establecer las bases reguladoras para la convocatoria y la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas de acción social en el campo de las drogodependencias que afecten al ámbito territorial de dos o más comunidades autónomas".

Y el artículo 2 ratifica esta exclusión, ya que se exige a las entidades "estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el correspondiente registro nacional, así como haber constancia en sus estatutos tanto de su carácter privado, como de su carencia de fines lucrativos y del ámbito estatal de su actuación".

En el caso de las entidades locales, las subvenciones (con 4,4 millones de euros en 2020) se conceden conforme a la orden SSI/1061/2017 (de 2017). En su artículo 3, el que establece los requisitos para optar a la convocatoria, se exige "ser capitales de provincia o de comunidad autónoma o tratarse de cabildos o consejos insulares o municipios que tengan una población de derecho igual o superior a 100.000 habitantes, según el Padrón municipal, en el momento en que se publique el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado". Algo que en el Campo de Gibraltar solo cumple Algeciras.

Además, a las entidades locales se les demanda tener elaborado un Plan Local de Drogas en su ámbito territorial, aprobado por el Pleno. En el caso de Algeciras, apuntan desde el movimiento asociativo comarcal, la coordinadora Barrio Vivo colaboró con el Consistorio para dotarse de este instrumento con el fin de lograr el acceso a la convocatoria. Y, además, las entidades deben estar al corriente con los pagos de Hacienda y la Seguridad Social, conforme a lo estipulado por la Ley General de Subvenciones (38/2003).

La Línea solicitó en 2020 a la FEMP, sin recibir respuesta, tener acceso al fondo a través de una moción aprobada por su Pleno municipal. "Los criterios establecidos en la órdenes para acceder, no ya a la concesión, sino tan siquiera al concurso, no facilitan la reinversión de los recursos incautados a los narcotraficantes en su zona actuación, a pesar que el Plan Integral para el Campo de Gibraltar, aprobado por el Gobierno en noviembre 2018, se presenta como un instrumento para revitalizar la zona y romper el estigma que lastra el Campo de Gibraltar incluyendo el desarrollo de la intervención social en una población duramente castigada por el tráfico y el consumo de drogas", defendía hace ahora casi un año La Línea 100x100, la formación que gobierna en la ciudad.

Los colectivos y municipios sí tienen acceso indirecto al fondo a través de la partida para comunidades autónomas, con 8,7 millones de euros para todo el país de los que 1,5 millones fueron para Andalucía, la región más poblada. 

Distribución a entidades locales y ONG

La asimetría del sistema queda patente al revisar el listado de municipios y ONG beneficiarias. Así, capitales de provincia, por el mero hecho de serlas, lograron acceso al sistema junto con otras 74 ONG por su carácter estatal. Todas las subvenciones son concedidas por una mesa que evalúa las propuestas en concurrencia competitiva. 

Algunos de los municipios subvencionados fueron:

• Barcelona: 199.847,21 euros.
• Albacete: 86.966,14 euros.
• Ávila: 196.555,37 euros.
• Badajoz: 160.620,02 euros.
• Bilbao: 277.261,03 euros.
• Córdoba: 117.329,40 euros.
• Lérida: 155.412,22 euros.
• Mataró: 166.114,12 euros.
• Murcia: 109.852,72 euros.
• Oviedo: 77.082,11 euros.
• Pamplona: 451.115,82 euros.
• Reus: 78.183,97 euros.
• Santander: 116.045,50 euros.
• Soria: 43.260,60 euros.
• Vitoria: 185.048,40 euros.
• Zaragoza: 394.762,88 euros
• Zamora: 28.949,60 euros.
• Menorca: 25.809,00 euros.

Los programas municipales fueron, generalmente, para actividades de ocio alternativo para la juventud o prevención del consumo.  

En cuanto a las asociaciones, entre las 74 ayudas otorgadas se encuentran:

• Acción familiar: 21.405,00 euros.
• Asociación Controla Club: 36.436,00 euros.
• Asociación Española Contra el Cáncer: 29.162,00 euros.
• Asociación Juvenil Abierto hasta el amanecer: 17.459,00 euros.
• Asociación Punto Omega: 57.596,00 euros.
• Asociación Servicio Interdisciplinar de Atención a las drogodependencias: 68.120,00 euros. 
• Asociación de Trasplantados Hepáticos: 12.901,00 euros
• Cáritas: 20.684,00 euros.
• Confederación Católica de Nacional: 26.571,00 euros.
• Confederación de Centros Juveniles Don Bosco: 29.566,00 euros.
• Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales: 19.973,00 euros.

El motivo de las ayudas, en este caso, es mucho más variado: programas de concienciación para las familias, edición de revistas, programas de radio, gymkanas, escape rooms o uso de nuevas tecnologías. Cruz Roja, Planificación Familiar, la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, la Federación de Jugadores de Azar Rehabilitados, la Federación de Transplantes o Secretariado Gitano, dado su ámbito nacional, igualmente tuvieron acceso al fondo.