Algunos de los más importantes colectivos y ONG dedicados a la lucha contra la drogadicción en el Campo de Gibraltar salieron el pasado viernes a la calle para reclamar un nuevo criterio en el reparto del dinero y de los bienes decomisados a los narcotraficantes. Su objetivo es que las destinatarias de esos fondos sean, preferentemente, las organizaciones que trabajan a pie de tajo para acabar con la lacra de las drogas en la comarca. La situación de esta última, como primera línea de batalla contra las redes criminales, la convierten en un territorio especialmente sensible, básicamente por la existencia de una estructura de narcoeconomía en determinados barrios, por la delincuencia que los traficantes generan en su entorno y por la presencia de personas drogodependientes, quienes junto a sus familias son, al fin y a la postre, el último eslabón y la consecuencia más amarga y dura de un negocio tan repugnante como lucrativo.

El Fondo de Bienes Decomisados se creó en 2003 en el marco del Plan Nacional sobre Drogas con el fin de poner coto al narco. La teoría indica que ese fondo, además de reforzar las investigaciones policiales contra el tráfico ilegal de drogas -un 50% debe estar destinado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- puede y debe servir para resarcir con la mitad de su montante a los damnificados por el narcotráfico y emprender acciones de rehabilitación y prevención dirigidas a los sectores sociales más indefensos. Se trata de compensar a las víctimas de parte del daño sufrido y de poner medios para que, en el futuro, el número de ellas sea el menor posible. El espíritu del fondo, además, es que el dinero requisado a todos esos delincuentes -incluido el obtenido con la subasta de sus mansiones y vehículos de alta gama- tenga como destino las poblaciones en las que aquellos cometieron sus delitos.

La práctica demuestra, sin embargo, que la teoría dista de cumplirse. A grandes rasgos, el fondo puede ser destinado y gestionado por las administraciones públicas de todo ámbito y diversas instituciones oficiales, además de por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fiscalía Antidroga y las ONG, pero la letra pequeña esconde la trampa: en el caso de las asociaciones, solo pueden hacerse acreedoras del dinero aquellas de ámbito nacional y, en el caso de los ayuntamientos, únicamente pueden acceder bajo determinadas condiciones aquellos que sufraguen el 30% de los programas. El resultado es que, en el Campo de Gibraltar, no hay apenas rastro del trabajo de las grandes ONG españolas que trabajan en el ámbito de las drogadicción y, entre las entidades locales, tan solo Algeciras cumple con los requisitos exigidos. En 2020, el Consistorio, que tampoco está sobrado de fondos, aportó 9.000 euros a Barrio Vivo, en tanto que el Plan Nacional sobre Drogas puso los 22.000 euros restantes. Y punto.

Es evidente que las cuentas no salen tomando como referencia el gran volumen de dinero y bienes incautados en la comarca a los narcotraficantes. Ya es hora de que los ministerios de Sanidad, Justicia, Hacienda e Interior, competentes en el reparto de las cuantías, se pongan manos a la obra para corregir el desaguisado y que el fondo llegue a quien de verdad lo merece y le corresponde. Por derecho y necesidad.