El Gobierno de Gibraltar prevé endurecer las penas por posesión ilegal de grandes cantidades de combustible. Así lo recoge en el Proyecto de Ley publicado este miércoles para modificar la Ley del Petróleo (Petroleum Act) "con el fin de abordar el creciente número de personas halladas en posesión de bidones de gasolina, muchas veces llenas de combustible de automoción altamente volátil".

El Gobierno ya había modificado la ley este año para tipificar como delito la posesión de combustible en las cantidades en cuestión. Desde el año pasado, no obstante, el número de personas identificadas en posesión de grandes cantidades de combustible de forma ilícita se ha elevado pese a la ilegalización de esta actividad, explica en un comunicado.

Frente a ello elevará las sanciones por los delitos relativos a la acumulación/transporte y establece que estos delitos solo podrán ser juzgados por el Tribunal Supremo.

La multa que el Tribunal Supremo podrá imponer queda expresada en un máximo de diez veces el nivel 5 de la escala estándar (que ascendería a 100.000 libras) o, en caso de ser superior, 50 veces el valor del combustible.

La duración de la pena de cárcel aumenta asimismo hasta 10 años para los casos “normales” si bien, cuando se haya producido un fallecimiento o lesión grave, la pena será de cadena perpetua.

El ministro principal, Fabián Picardo, tiene previsto presentar este Proyecto de Ley en la próxima sesión del Parlamento y certificarla como urgente en virtud del párrafo 3 del artículo 35 de la Constitución en caso de que no hayan transcurrido seis semanas desde el momento en que el Parlamento pueda tramitar el Proyecto de Ley.

“El aumento en la detección de delitos que conllevan la posesión de grandes cantidades de combustible es un asunto muy preocupante. Dada la volatilidad de estos combustibles, su posesión y transporte están restringidos a fin de evitar que se produzcan accidentes desafortunados. Su comercio indiscriminado y transporte imprudente está generando un peligro enorme para muchas personas inocentes de nuestra comunidad. No vamos a tolerar que la seguridad de nuestros ciudadanos y de nuestras calles se ponga en peligro", destaca Picardo. 

"La explosión de un vehículo que porte veinte bidones de combustible generaría una ingente cantidad de víctimas, así como daños personales y físicos en Gibraltar. Una explosión de esa clase podría resultar devastadora. Trabajando en estrecha colaboración con el Comisario de la Policía Real de Gibraltar, Richard Ullger, y con los Ministros de Justicia y Medio Ambiente, John Cortés y Samantha Sacramento, hemos acordado endurecer en gran medida las sanciones asociadas a estos delitos con vistas a que los Tribunales puedan reprimir de verdad la participación de estas personas en estas nefastas actividades que, en el fondo, están diseñadas para asistir al tráfico de drogas". "Gibraltar y sus ciudadanos no quieren ser asociados ni tener nada que ver con ninguna actividad que favorezca el tráfico de drogas ilegales, ya sea en el ámbito logístico o cualquier otro. Nosotros no somos así. Gibraltar defiende otros valores”, concluye.