El viernes 29 de marzo fue un día normal en el Campo de Gibraltar. Lo cual es noticia, porque es exactamente lo contrario de lo que sus ciudadanos temían aquel 23 de junio de 2016 en el que los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea y llevarse, de camino, a Gibraltar. Por cierto, en contra de su voluntad. El viernes 29 de marzo era el día de la salida, cuando la comarca iba a sufrir el gran cataclismo. Pero aquí no ocurrió nada. Sí en Londres, donde el camino quedó ya completamente atascado, colapsado por el río de lodo proveniente del Parlamento británico, del que parece imposible extraer un mínimo acuerdo sobre cómo debe suceder el divorcio. No digamos ya, la futura relación.

Desde el 23 de junio de 2016 hasta el 29 de marzo de 2019, el Brexit no ha conseguido más que multiplicar la incertidumbre de los ciudadanos, el miedo a lo desconocido. Pero no aquí. O al menos, no debiera. En el tiempo entre una fecha y la otra, los gobiernos de España y el Reino Unido -éste en permanente conexión con Gibraltar- sí han avanzado. Tanto, que han conseguido poner negro sobre blanco cuatro memorandos y un Tratado Fiscal que establecen como será la relación entre las ocho poblaciones del Campo de Gibraltar y el Peñón cuando atravesar la Verja sea sinónimo de salir o entrar en la Unión Europea. Da igual si la salida es salvaje, abrupta, leve o suave. Si se produce el 12 de abril, el 22 de mayo, dentro de un año o dentro de dos. Mientras persista la actual voluntad de los gobiernos de ejecutar lo que firmaron en todos esos documentos, los derechos de los ciudadanos, la esencia de la preocupación de antaño, está garantizada. Al margen de cómo y cuándo ocurra el Brexit.

La situación a día de hoy es la siguiente. Londres puede presentar nuevas propuestas ante la UE y solicitar formalmente una prórroga más amplia. En ese caso, Reino Unido se vería forzado a participar en las elecciones al Parlamento europeo, del 23 al 26 de mayo. De no solicitar ninguna extensión, abandonará la UE de manera abrupta el 12 de abril. La Unión Europea ha anunciado una cumbre extraordinaria para el 10 de abril sobre el Brexit, a fin de que los líderes comunitarios debatan los próximos pasos en este proceso. 

España y el Peñón admiten que, si no se rompe la actual voluntad, la salida no tiene por qué perjudicar a la zona

Dijo el viernes Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar: "Hemos conseguido que tengamos un esquema de cómo manejar la situación que nos podemos encontrar ante un Brexit caótico para que no impere el caos". Entre España y Gibraltar debe primar, recalcó, "la buena vecindad, el respeto y que nuestras economías trabajen conjuntamente". España tiene en cuenta que el Gobierno de Gibraltar ha garantizado que la legislación comunitaria en materia de protección laboral se mantendría en vigor en el caso de que Reino Unido abandone la UE sin haber alcanzado un acuerdo. 

A principios de marzo, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el ministro británico de la Presidencia encargado del Brexit, David Lidington, firmaron un Tratado Fiscal que regula las relaciones con Gibraltar para evitar que "sea un foco de competencia fiscal desleal". Es el primer tratado que ambas parten firman sobre Gibraltar desde el de Utrecht, en 1713. El documento "asegura a España un alto grado de cooperación de las autoridades fiscales competentes cuando el derecho de la Unión Europea deje de aplicarse en Gibraltar".

En los memorandos firmados en noviembre de 2018, ya se contemplaba la reducción de la diferencia del precio del tabaco en un 32%, la creación de enlaces entre los cuerpos policiales y aduaneros, así como la garantía de que se respetarán los derechos a uno y otro lado de la Verja. Además, establecen el modo en el que España y Gibraltar se relacionarán, fundamentalmente a través de comités especializados conjuntos que suponen una experiencia inédita en la historia. 

Es decir, el temido Brexit, al menos en lo que se refiere a las relaciones a través de la Verja, no debe ser el ogro que se intuía. Pese a todo esto, está claro que al Campo de Gibraltar y al Peñón le convienen más una salida pactada que una sin acuerdo. Lo ideal sería incluso que el Brexit no sucediera jamás. Los partidarios de mantener esta esperanza se aferran a un clavo ardiendo, visto que los que sí persiguen el divorcio no se aclaran sobre cómo hacerlo. El mismo viernes 29 de marzo, después de que el Parlamento británico rechazara por tercera vez el acuerdo alcanzado por su Gobierno con los Veintisiete, Picardo escribió a la primera ministra británica, Theresa May, pidiéndole que revoque el artículo 50 (el de la retirada) al menos de forma eventual. También le reclamó un nuevo referéndum, una idea que cada vez tiene más respaldo. Este mismo domingo, una petición lanzada en internet para cancelar el Brexit superó las seis millones de firmas, con lo que se convierte en la demanda popular más votada en el Reino Unido. May rechaza otra consulta, pero sí planea someter su tratado a votación por cuarta vez esta semana (ojo, después de tres derrotas previas), mientras que los diputados tratarán este lunes de consensuar mediante votaciones indicativas una vía alternativa.

Atada la relación en un plano político, lo que sí continúa esperando el Campo de Gibraltar es que se ejecute de una vez por todas y al completo el anunciado Plan Integral para la comarca. Éste contemplaba un programa extraordinario de empleo, mejoras en infraestructuras (Algeciras-Bobadilla, carreteras, etcétera), creación de nuevos juzgados, el recinto de la Zona Franca en Los Barrios (de los de Algeciras y La Línea, que ni siquiera estaban en ese plan, nunca más se supo), subvenciones destinadas a estimular la actividad industrial, el comercio y el turismo y refuerzos de material y personal de Vigilancia Aduanera, Policía Nacional y Guardia Civil. Sólo este último punto está cumplido después de un 29 de marzo que pasó por el Campo de Gibraltar como un día normal.