El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el ministro británico de la presidencia encargado del Brexit, David Lidington, firmaron ayer un Tratado Fiscal que regula las relaciones con Gibraltar para evitar que “sea un foco de competencia fiscal desleal”. Se trata del primer tratado que ambas parten firman sobre Gibraltar desde el de Utrecht, en 1713. El acuerdo establece las nuevas normas fiscales que regulan la relación transfronteriza entre Gibraltar y España en materia fiscal y completa el paquete de cuatro memorandos que detallan cómo será la relación entre España y Gibraltar tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el próximo 29 de marzo.

El tratado internacional pretende, sobre todo, que las personas que pasen más de la mitad del año en España y las empresas cuya actividad se centre en territorio español tributen a este lado de la Verja. El texto debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y tiene que tener el visto bueno del Congreso de los Diputados, aunque desde Exteriores no prevén ningún problema para su aprobación. El ministerio subrayó que, aún en el caso de un Brexit sin acuerdo, el tratado fiscal seguirá siendo “igualmente útil” porque “asegura a España un alto grado de cooperación de las autoridades fiscales competentes cuando el derecho de la Unión Europea deje de aplicarse en Gibraltar”.

El acuerdo establece una serie de normas para resolver los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas para destapar los problemas de falsas residencias en Gibraltar.

Respecto a las personas jurídicas y otras entidades gibraltareñas, se establece su residencia fiscal en España cuando tengan una relación significativa a este lado de la Verja, bien por la localización de la mayoría de sus activos o la obtención de la mayor parte de sus ingresos en nuestro país, o bien cuando la mayoría de sus propietarios o su directivos sean residentes fiscales en España.

Además, el tratado establece un régimen reforzado de cooperación administrativa entre las autoridades competentes de las respectivas administraciones tributarias. Este régimen incluye el intercambio de información sobre determinadas categorías de rentas y activos de especial importancia para la lucha contra el fraude en la zona.

El acuerdo prevé la “adaptación dinámica” de este régimen especial de cooperación a los nuevos estándares de la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de transparencia, cooperación administrativa, prácticas fiscales perjudiciales y de lucha contra el blanqueo de capitales.

El Ministerio de Exteriores se marca como uno de sus objetivos con este tratado la reducción y eliminación del fraude fiscal y los efectos perjudiciales para la Hacienda española derivados de las características del régimen fiscal de Gibraltar. También pretende que se establezcan unas reglas claras para resolver más fácilmente los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas y evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas.

El convenio pone el foco más sobre las empresas que sobre las personas. En el Peñón existen unas 55.000 sociedades y tras la firma del tratado, su paso por el Consejo de Ministros y su convalidación en el Congreso, estas deberán tributar en España en una serie de supuestos: si la mayoría de los activos estén en España o sus ingresos procedan de este país, cuando las personas que las gestionan sean residentes fiscales en España o en el caso de que la mayor parte de derechos sobre el capital los ejerzan españoles. Estarán exentas las sociedades constituidas en Gibraltar antes del 16 de noviembre de 2018 y que puedan demostrar que tres cuartas partes de sus rentas proceden de actividad desarrollada en la Roca.

Tras la firma del tratado, Borrell reiteró que su objetivo es “intentar evitar que Gibraltar sea un foco donde haya una competencia fiscal desleal con el resto del territorio”.

“No se ha firmado antes por que ha costado muchísimo hacerlo”, explicó el ministro, ya que “en el ultimo momento siempre han parecido problemas, porque el tema es complicado y hay muchos intereses en juego”. “No hemos acabo de peinarlo hasta hace unos días”, añadió.

El Gobierno de Gibraltar afirmó que el tratado reconoce la existencia de una autoridad fiscal separada y distinta en el Peñón.

El ministro principal, Fabian Picardo, también destacó que en este acuerdo España “reconoce el sistema impositivo para empresas de Gibraltar” y que el Peñón “no ha hecho concesión alguna respecto a su absoluta autonomía en materia fiscal”. “Confío en que seremos capaces de poner fin al irritante mito de que Gibraltar no demuestra plena cooperación en lo referente al intercambio de información fiscal”, indicó.