La Audiencia de Cádiz invoca la soberanía de España y el Tratado de Utrecht para reactivar la investigación sobre los rellenos de Gibraltar

En perpendicular a la todavía coqueta playa gibraltareña de la Caleta, el grupo vietnamita TNG lleva a cabo desde mayo de 2024 la construcción de un megaproyecto inmobiliario de lujo que, paso a paso, está alterando por completo la fisonomía de la cara este del Peñón. El Eastside Project comprenderá un gran hotel, desahogadas viviendas aterrazadas, una zona comercial para bolsillos con muchos posibles y un puerto deportivo sin parangón en el Mediterráneo sur -con capacidad para acoger el atraque de grandes yates-, un nuevo paisaje para un enclave privilegiado y localizado en plena Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental y protegida por la legislación europea al estar incluida en la Red Natura 2000.

Todo el complejo se alzará, si las previsiones no cambian y el ritmo de los trabajos no se altera, sobre una gigantesca parcela rectangular de unos 130.000 metros cuadrados ganados al mar con piedras, tierra y hormigón, en aguas que tanto las autoridades españolas como británicas consideran bajo sus respectivas y exclusivas soberanías. En agosto de 2025, el Gobierno de España presentó una queja formal por dichos rellenos, aunque la iniciativa, más allá del perfil diplomático, careció de efecto práctico.

Cuestión aparte es el terreno judicial. Meses antes del paso dado por el Ejecutivo, en mayo de este año y a instancias de Verdemar Ecologistas en Acción, la Fiscalía de Área de Algecirasabrió otro frente para investigar por la vía penal los rellenos de TNG mediante la presentación de una denuncia ante los juzgados de La Línea de la Concepción.

El Ministerio Público, cuyo objetivo marcado es velar por el interés general, apreciaba indicios de delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Las diligencias recayeron en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de la localidad fronteriza con la colonia británica.

El titular de dicha oficina judicial, sin embargo, no lo vio claro y derivó la instrucción de la denuncia en la Audiencia Nacional (AN) por una presunta falta de jurisdicción de los tribunales españoles, al tratarse de aguas en disputa entre España y Reino Unido, y por ser ese órgano el responsable por ley de tramitar las causas con delitos de especial gravedad y trascendencia que afectan a los intereses nacionales.

La Fiscalía recurrió en apelación dicha decisión ante la Audiencia de Cádiz, que ahora ha dado la razón al Ministerio Público, revocando así la delegación del caso en la AN e instando al juez a retomar las diligencias de investigación en torno a los rellenos, sobre la base de la soberanía española sobre esas aguas y del Tratado de Utrecht de 1713.

En un auto fechado el pasado 14 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Sur, la Sección 7ª de la Audiencia gaditana, con sede en Algeciras, considera que “el argumento del órgano instructor ha de ser rebatido” a la vista de que España, conforme al Tratado de Utrecht, cedió a Gran Bretaña “la Ciudad, el Castillo, la fortaleza y las defensas de Gibraltar, pero en ningún momento las aguas” que rodean Gibraltar. "No solo son actualmente españolas, sino que nunca han dejado de serlo”, especifica la Audiencia de Cádiz.

Resulta evidente que, para delitos cometidos en aguas jurisdiccionales españolas, el partido judicial competente es el que corresponda territorialmente a la zona marítima afectada [...], el de La Línea de la Concepción", indica la Audiencia

“Por tanto, es competente la jurisdicción española para conocer de los hechos ocurridos en dicha zona marítima, susceptibles de ser calificados como delito contra el medio ambiente, que deben ser sometidos a la jurisdicción española”, subraya el auto, suscrito por los magistrados Nieves Marina Marina, presidenta de la Sección 7ª; José Alberto Ruiz Sánchez, que actuó como ponente, y Juan Carlos Velasco Perdigones.

“Resulta evidente que, para delitos cometidos en aguas jurisdiccionales españolas, el partido judicial competente es el que corresponda territorialmente a la zona marítima afectada, de acuerdo con el criterio del lugar de comisión del delito, y que en el presente caso, debido a sus peculiaridades, debe corresponder al Partido Judicial más cercano a dicho punto, que es el Partido Judicial de La Línea de la Concepción”, concluye el auto.

De vuelta las diligencias al juzgado linense, el camino a seguir por el instructor se presenta como una maraña extremadamente compleja por la singularidad de la denuncia y de las partes implicadas. Además de requerir a las autoridades españolas la información que tengan respecto a los rellenos -llevados a cabo con piedras de escollera procedente de canteras malagueñas- debería llamar a declarar tanto a las partes interesadas en el procedimiento -empezando por las propias admistraciones y terminando por Verdemar Ecologistas en Acción- como al promotor del proyecto y presunto responsable de los delitos apuntados en la denuncia, el multimillonario vietnamita Tuan Tran, un personaje de 55 años muy vinculado al partido comunista de su país, quien, además de propietario de TNG, lo es también del banco gibraltareño Trusted Novus Bank.

De forma adicional, el juzgado podría ordenar que se paralice la entrada en Gibraltar por la frontera de maquinaria destinada a las obras y de camiones con piedras, a fin de evitar un agravamiento del problema atisbado por la organización ambientalista y la Fiscalía.

Esta última, en su denuncia, puso además en evidencia la ausencia de colaboración por parte llanita al quejarse de que "las fuerzas de seguridad" de Gibraltar han impedido inspeccionar las aguas situadas en torno al proyecto al Instituto Español de Oceanografía, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Sí consta, respecto a la situación generada por las obras, un informe del Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Guardia Civil, que en noviembre de 2024 elaboró un atestado clave para orientar las pesquisas. En este se determinaba que los rellenos “conllevan la destrucción del área marina donde se depositan, así como la alteración de las condiciones físico-químicas del agua”. Las obras llevadas a cabo, añadía el informe de la Benemérita, afectan de forma directa al “equilibrio de los ecosistemas presentes”, tanto por el impacto sobre especies protegidas como por las consecuencias socioeconómicas derivadas.

El responsable de llevar a cabo el proyecto niega la mayor. Darren McComb, contratista de las obras y hombre de confianza de Tuan en Gibraltar, sostiene que los trabajos cumplen con la normativa ambiental británica y que la protección del entorno es una de las prioridades del proyecto. "Lo más curioso es que los ecologistas han sacado el tema como si fuera un impacto negativo, cuando es todo lo contrario. Sabemos que ecologistas de España han hecho estudios en las playas de levante, para ver si los rellenos tienen un impacto positivo o negativo, y la conclusión a la que han llegado es que las playas de levante, no solo las de Gibraltar, sino también las de La Línea, se han regenerado gracias al relleno y se seguirán regenerando", afirmaba en junio de 2025 en una entrevista concedida a esta redacción.

La posición de Gibraltar

La comparecencia voluntaria de Tuan Tran ante la Justicia española y el aporte de información sobre el proyecto por parte del Gobierno de Gibraltar se plantean como dos imposibles a día de hoy, toda vez que al otro lado de la Verja no se reconoce a España jurisdicción alguna sobre esas aguas.

“Es España la que ha huido de una resolución independiente sobre la jurisdicción de estas aguas”— Fabián Picardo - Ministro principal de Gibraltar

La alternativa que defiende el Gobierno de la roca es que este litigio y otros entre Reino Unido y España a cuenta de las aguas que circundan la Roca y su soberanía pasa por que sus respectivos gobiernos diriman sus diferencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y se sometan a su decisión. España huye de esta vía a sabiendas de que los 21 integrantes de ese órgano -con sede en Hamburgo y de carácter independiente- tienen en su mayoría un sesgo anglosajón que, con mucha probabilidad, se inclinarían por un fallo acorde a los intereses gibraltareños.

El pasado mes de mayo, el ministro principal de la colonia británica, Fabián Picardo, empleó el término “relish” (saborear) para aludir a la posibilidad de que el pleito acabe por resolverse ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. “Es España la que ha huido de una resolución independiente sobre la jurisdicción de estas aguas”, sentenció.